Los patrimonios en el exterior se podrán regularizar hasta finales de 2022. SRI podrá pedir información sobre esos activos hasta dos años después de la declaración.
Los residentes en Ecuador que no hayan declarado sus patrimonios en el exterior, incluidos aquellos en paraísos fiscales, tendrán que regularizar esos activos entre enero y diciembre de 2022.
Las personas con patrimonios individuales superiores a USD 225.000 y en sociedad conyugal de más de USD 450.000 deben declarar cada año sus patrimonios al Servicio de Rentas Internas (SRI).
En ese documento, los contribuyentes deben incluir los patrimonios en el exterior, pero no siempre lo hacen.
La reforma tributaria crea un régimen excepcional para regularizar esos activos a través de la presentación de una declaración patrimonial sustitutiva.
El patrimonio que las personas tienen que declarar incluye dinero, acciones, inmuebles, inversiones y fondos en el extranjero.
Para poder realizar el trámite, los contribuyentes deberán pagar un impuesto único, que va del 3,5% al 5,5% sobre los activos en el exterior, según el siguiente cronograma:
Las multas
Quienes opten por regularizar sus patrimonios en el exterior hasta diciembre de 2022, no estarán sujetos a multas. Si un contribuyente no se acoge a esta especie de "amnistía tributaria" para declarar sus activos en el exterior, el SRI podrá imponerle multas y sanciones.
Los bienes en el exterior no declarados serán considerados por el SRI como incremento patrimonial no justificado y gravados con la tarifa máxima del Impuesto a la Renta (37%).
La directora de Recaudación del SRI, María Bernarda Carpio, advirtió que la entidad ha firmado acuerdos para el intercambio de información tributaria con 130 jurisdicciones, incluido Estados Unidos.
Esos acuerdos le permitirán determinar los activos que tienen los contribuyentes en el exterior.
Activos dudosos
El nuevo sistema para regularizar los patrimonios en el exterior no es un régimen de impunidad, aclara la Directora de Recaudación del SRI.
La reforma tributaria incluye medidas para evitar que el pago de este impuesto sea usado como mecanismo para blanquear bienes producto de la corrupción o del lavado de activos, dice Carpio.
Por ejemplo, la iniciativa de reforma tributaria señala que no podrán acogerse a este beneficio cuatro tipos de contribuyentes:
- Personas con sentencia por delitos económicos, en contra del régimen de desarrollo económico y la administración pública o aduanera.
- Funcionarios públicos, incluidos sus cónyuges, parejas de hecho o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Tampoco los servidores estatales con participación accionaria mayor al 10% en empresas.
- Contribuyentes con activos en países catalogados como de alto riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Personas con rentas o ingresos en litigio ante las autoridades judiciales.
La reforma tributaria también faculta al SRI para que efectúe controles posteriores hasta dos años después de haber presentado la declaración patrimonial.
Entre los controles está la solicitud de información sobre los patrimonios declarados tanto a los contribuyentes como a las autoridades donde estén ubicados esos bienes.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) liberó información de 139 sociedades que fueron abiertas, en algún momento, por empresarios ecuatorianos en paraísos fiscales.
En caso de que esas empresas estén en operación y haya sido omitidas por los empresarios en la declaración patrimonial deberán ser regularizadas ante el SRI.
Vacíos por aclarar
La Directora de Tributación informa que el SRI está desarrollando los procedimientos y formularios para la regularización de activos en el exterior que arranca en enero de 2022.
El SRI aún debe precisar el tipo de certificaciones sobre la propiedad de los bienes declarados que exigirá a los contribuyentes para evitar el lavado de activos.
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