Los postulantes a la Asamblea se suman a cinco binomios presidenciales que cuentan con esta protección. En el caso de los aspirantes a legisladores se hará un análisis de riesgos.
A menos de un mes de que concluya la campaña para las elecciones extraordinarias del 20 de agosto de 2023, tres candidatos a la Asamblea solicitaron seguridad policial. Ellos se suman a los cinco binomios presidenciales que ya cuentan con este servicio.
El ministro del Interior, Juan Zapata, informó que los postulantes a la Asamblea que hicieron esta solicitud pertenecen a las provincias de Esmeraldas, Imbabura y Chimborazo. Aunque no reveló nombres, mencionó que son de las filas de las alianzas Centro Democrático, Actuemos y Revolución Ciudadana.
Las solicitudes fueron presentadas al Consejo Nacional Electoral (CNE), en medio de la campaña que se extenderá hasta el 17 de agosto, tres días antes de que se efectúen los comicios.
"Se les hará el respectivo análisis de riesgo y, si se considera pertinente, se les brindará seguridad policial".
Juan Zapata
El 16 de julio un candidato a asambleísta por Esmeraldas fue asesinado a manos de la delincuencia.
Requisitos
El comandante de la Policía, Fausto Salinas, aclaró que no se brindará seguridad a todos los candidatos a la Asamblea. Para eso, explicó que solo el candidato que tenga riesgo inminente o se encuentre en un sector crítico podrá elevar la solicitud al CNE.
Salinas advirtió que si algún postulante acude a un sitio donde se realice un evento y necesita protección especial, podrá coordinar con los comandantes locales. Los protocolos fueron consensuados con la autoridad electoral.
El Ministro del Interior hizo un llamado a Otto Sonnenholzner, Jan Topic y Daniel Noboa, junto a sus compañeros de fórmula, para que acepten la protección policial. A diferencia de los otros cinco binomios presidenciales, ellos han rechazado este servicio.
Candidato asesinado
Las autoridades policiales descartaron que el crimen que acabó con la vida de Rider Sánchez, candidato a asambleísta por Esmeraldas, esté vinculado a un hecho político. Atribuyeron lo ocurrido a la actuación de sujetos dedicados al robo, extorsión y alquiler de vehículos para generar actos delictivos.
Tras la captura del presunto autor del crimen, el 18 de julio en Santo Domingo de los Tsáchilas, un juez dictó prisión preventiva por 30 días contra el sospechoso.
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