Otra arista de la crisis carcelaria que vive Ecuador es la falta de recursos económicos. Los datos del Ministerio de Finanzas evidencian una baja ejecución presupuestaria.
La noche del 17 de noviembre de 2021, la Asamblea Nacional aprobó un informe sobre la crisis que se vive en el sistema de rehabilitación social del país. El documento analiza varios puntos que han influenciado en la peor emergencia carcelaria de la historia del Ecuador.
Por ejemplo, las asignaciones presupuestarias que recibieron las entidades que tienen relación con la rehabilitación social, en el período 2016-2021.
Según los datos recopilados por la Comisión de Seguridad de la Asamblea, luego de altos y bajos entre 2016 y 2020, en 2021 la asignación tuvo un importante incremento. En 2020 el presupuesto fue de USD 2,6 millones, mientras que para 2021 es de USD 10,5 millones.
El Manual de Procedimientos del Sistema de Presupuestos del Ministerio de Finanzas explica que el presupuesto codificado se refiere al presupuesto inicial más las reformas realizadas, durante el período.
Es decir, la asignación programada -incluyendo aumentos o disminuciones- por distintos factores.
Baja ejecución
Si bien el presupuesto para rehabilitación social ha ido aumentando en los últimos años, la gestión en las entidades que recibieron las asignaciones no ha sido la óptima y por esta razón, la ejecución presupuestaria se ha reducido.
En 2018, se devengó el 93% de los fondos asignados para esta área. Mientras que en 2019 y 2020, la ejecución bajó al 24% y al 26%, respectivamente. Eso coincide, justamente, con los años en los que empezó la crisis carcelaria.
Para el 2021, con la crisis en su punto máximo el nivel de ejecución es ínfimo. Según Finanzas, hasta septiembre de 2021, el Gobierno asignó USD 10,5 millones para rehabilitación social, pero solo se han devengado USD 488.660.
Dinero para la emergencia
El 17 de noviembre de 2021, Finanzas informó que, para hacer frente a la emergencia carcelaria, el Gobierno asignó más de USD 10 millones desde el Presupuesto General del Estado.
La distribución y destino se detalla de la siguiente manera:
- Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI): USD 8,8 millones.
- Policía Nacional: USD 1,2 millones.
- Servicio de Medicina Legal: USD 57.500
Sin embargo, estas asignaciones todavía no se han concretado en contrataciones para el sistema carcelario. El SNAI no ha empezado ningún proceso de contratación en el marco de la última emergencia declarada, aunque la emergencia se firmó el 6 de octubre de 2021.
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