El terremoto de 6,5 grados en la escala de Richter, que se cobró la vida de 16 compatriotas; el fuerte invierno que ha desbordado ríos, destruido puentes, provocado derrumbes e incomunicado a las provincias. Y el Cotopaxi, que el fin de semana expulsó ceniza, siendo, probablemente, la mayor amenaza visible de todas, configuran un momento complicado para el país.
Si a esto se suman la violencia, el narcotráfico, los secuestros, los atentados y la criminalidad; más la crisis política que hoy perturba al Presidente de la República, por un juicio político en proceso, y hasta el complot para sacar de la embajada argentina a una exministra y dejarla en la impunidad, ubican a Ecuador en la tormenta perfecta.
El país ya no da más, pero a ciertos personajes, nada parece importarles.
El domingo, mientras el pueblo enterraba a sus muertos por el terremoto, los políticos apuraban los trámites para enjuiciar y buscar destituir al presidente Lasso.
Hasta ahora, a pesar de los crasos errores al citar las causales y hasta en la redacción de los documentos, todo parece funcionar conforme a lo planificado por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional.
Con total desvergüenza y aupados por Virgilio Saquicela, los asambleístas han hecho lo que han querido prevalidos de que tienen los votos y controlan todas las instancias del poder Legislativo.
La solicitud de juicio político suscrita por 59 asambleístas y que tiene como proponentes a los legisladores Veloz, Zapata, Pazmiño y Fajardo, causó espanto entre los conocedores del Derecho, que no entendían como quienes legislan pueden ignorar la materia constitucional.
A poco de entregado el documento, debieron reconocer un lapsus calami y enviar una enmienda, pero solo firmaron los cuatro proponentes y no los 59 que suscribieron la solicitud del juicio político.
Los constitucionalistas dijeron que no procedía, pero a la Unidad Técnica Legislativa (nombrada por Saquicela) le pareció bien y ha recomendado al CAL se admita a trámite la solicitud de enjuiciamiento político y se remita a la Corte Constitucional (CC).
Así camina el proceso dejando precedentes nefastos que algún día pasarán factura al país, porque si bien la tarea de los asambleístas es legislar y fiscalizar, tienen que hacerlo con sujeción a la ley.
Pero la decisión final no está en manos de ellos, sino en la de los nueve miembros de la CC, que deben atravesar un serio estrés por la responsabilidad histórica al decidir el destino de Lasso y del país.
Esto lo sabe el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, quien anuncia marchas hacia la CC, el día que traten el caso.
Si esto no es una amenaza que alguien diga cómo se llama semejante desafuero, en una democracia.
¿Se imaginan a los magistrados de la CC absolviendo un tema tan delicado con la presión de las huestes de Iza en la puerta?
La sincronía en los tiempos para organizar el caos al anunciar que rompe el diálogo con el Gobierno, pedir a Lasso que dé un paso al costado, y, al unísono, advertir que irá a la CC, ubican a Iza en el centro de una estrategia conspiradora.
La bancada correísta de UNES, el Partido Social Cristiano (PSC) y disidentes de Izquierda Democrática y Pachalutik, que apoyan la iniciativa, ponen a Lasso como responsable político de los delitos de concusión y peculado.
La acusación por concusión la sustentan en dos casos: La supuesta corrupción de Hernán Luque Lecaro, exgerente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), y mencionan 13 hechos.
Y el supuesto tráfico de influencias de los exgerentes de Petroecuador Ítalo Cedeño y Hugo Aguiar.
En cuanto al peculado, mencionan un caso de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), y aluden a nueve hechos, y también a un contrato con el pool Amazonas Tanker.
Sobre la validez de las causales hay criterios divididos entre los constitucionalistas. Pero algunos de los más prestantes, niegan que existan.
Pero quiénes están detrás del operativo para sacar al primer mandatario, con Saquicela a la cabeza, para dar una apariencia de observancia a la Constitución, cubren todos los flancos.
Por eso, afirman que es el vicepresidente, Alfredo Borrero, quien debería suceder a Lasso.
Eso mismo repiten los adláteres que operan en público y en privado.
¡Cuánto cinismo!
Irrefrenables a la hora de hablar, ya se les ha oído decir que Borrero estuvo en la misma papeleta, hizo la misma campaña y sacó los mismos votos que Lasso.
¿Se imaginan cuánto duraría Borrero al frente de Carondelet con mayoría en contra y con Saquicela ansioso por un interinazgo?
Quienes parecen tener claros los escenarios políticos son ciertas autoridades electas, que no querrán autoboicotearse.
Es el caso de Aquiles Álvarez, alcalde electo de Guayaquil, quien dijo que no cree que, llegando a la administración municipal, en mayo, "nos convenga una inestabilidad en el país", según le respondió a Catrina Tala, cuando le preguntó si el presidente Lasso debe irse.
Pabel Muñoz estaría en la misma línea.
Pronto comenzará un programa semanal en medios (una suerte de sabatina) para informar lo que hará frente a la Alcaldía de Quito. Lo mantendrá durante su gestión.
Qué dirá el correísmo al respecto, nadie sabe, pero explica los apuros de Saquicela para que haya un rápido desenlace, antes de que también se dé el cambio de autoridades en la Asamblea y él pierda la línea de sucesión.
En eso se han concentrado estos políticos mientras el país está golpeado por serios fenómenos naturales y sumido en la violencia.
¡Basta de falacias!
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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