Dirección de Justicia y Vigilancia ha tenido tres titulares en la era de Aquiles Alvarez

En su habitual cadena radial de los miércoles, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, no solo se refirió a la abultada deuda del Gobierno central con el Municipio de la ciudad. También abordó las "denuncias no constatadas" de supuestas coimas entregadas a funcionarios de la dirección de Justicia y Vigilancia.

"No hay una denuncia formal, de aque alguien venga y diga este funcionario me pidió plata para levantarme la clausura, porque ya estuviera preso (...) Pero con el tufo de algún chisme, preferimos rodar cabezas", dijo Alvarez, este 26 de junio.

En efecto, la Dirección de Justicia y Vigilancia ha sufrido tres cambios de titulares en poco más de un año de la administración de Alvarez.

En mayo de 2023, asumió primero el cargo el empresario y exdirigente de fútbol, Mario Tamayo, quien estuvo apenas tres meses en la entidad municipal.

Luego fue el turno de Shubert Úrgiles, que llegó al cargo en agosto de 2023 y en menos de un años salió.

Úrgiles había indicado a los medios locales que él también había recibido denuncias de corrupción y coimas en esta Dirección municipal.

Mientras que en junio de 2024 se nombró al nuevo director, Josué Dumani, quien fue intendente de Guayas en 2019.

Durante la administración del PSC de Cynthia Viteri y hasta de Jaime Nebot, el único director de Justicia y Vigilancia fue Xavier Narváez.

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¿Qué hace Justicia y Vigilancia? Entre sus atribuciones, el personal de esta dirección se encarga de revisar la tasa de habilitación de los negocios en toda la ciudad.

Esta tasa de habilitación es un tributo que debe pagar todo negocio, desde el más grande hasta el más pequeño, y habilita el funcionamiento del local. Se paga cada año y se debe tramitar desde que se abre el RUC.

¿Cuánto se debe pagar? El pago se fija de acuerdo con el área total del establecimiento en el que se desarrollará la actividad económica.

Además, si un negocio no cuenta con la tasa de habilitación actualizada, personal municipal puede clausurar el local comercial.

Precisamente, una de las denuncias de comerciantes es que funcionarios de Justicia y Vigilancia reciben supuestas coimas y hasta 'vacunas' para no clausurar los negocios, que no cuentan con los permisos en orden o no han cancelado la tasa habilitante.

PRIMICIAS conoció que hasta oídos del Alcalde han llegado denuncias de cobros de hasta USD 20.000 a negocios en la Bahía.