Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) revisó el 3 de junio de 2021 la orden de prisión en contra del defensor del Pueblo, Freddy Carrión.
Felipe Córdova, Luis Rivera y Byron Guillén, jueces de la CNJ, dirigieron la diligencia que se instaló a las 09:00. La intervención de la defensa de Carrión, de la víctima y de la Fiscalía duraron cerca de 90 minutos.
Luego de esto, los magistrados se tomaron más de seis horas para analizar los argumentos y tomar una decisión.
Los jueces desecharon el recurso de apelación presentado por el Defensor del Pueblo y ratificaron la orden de prisión preventiva que Carrión cumple en la Cárcel 4, de Quito.
La Fiscalía investiga un incidente entre Carrión y el exministro de Salud, Mauro Falconí, ocurrido la medianoche del 15 de mayo de 2021, cuando se enfrentaron a golpes tras una reunión en la que hubo bebidas alcohólicas.
Supuestamente, en medio de ese incidente, Carrión protagonizó un abuso de carácter sexual contra una mujer.
La audiencia
Stalin Raza, abogado de Carrión, dijo que el pedido de anular la orden de prisión preventiva que pesa en contra de su cliente se basa en dos alegaciones:
- Existen versiones contradictorias, los elementos no son suficientes y no justifican la medida cautelar.
- No existe peligro de fuga y el caso no tiene relación a sus funciones como Defensor del Pueblo.
Diana Salazar, fiscal General del Estado, dijo que la prisión preventiva se sustenta en que Carrión cometió una vulneración contra los derechos de las personas y que existe una infracción de naturaleza sexual contra una mujer, que fue en contra de su voluntad.
Según la Fiscalía, esto se corrobora con el testimonio de la víctima, el testimonio anticipado de Mauro Falconí, exministro de Salud, la versión del guardia de seguridad y de uno de los escoltas del mismo Carrión.
Salazar agregó que, al ser una autoridad de alto rango, si Carrión es liberado podría interferir en el desarrollo de las investigaciones.
Por lo tanto, la fiscal Salazar solicitó a los jueces que rechacen la apelación a la prisión preventiva. Esa posición fue respaldada por Jorge Irigoyen, abogado de la presunta víctima.
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