La Corte Constitucional consideró que la propuesta de consulta no cumple con los parámetros de control previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales.
La Corte Constitucional negó el miércoles 27 de enero de 2021 la propuesta de consulta popular planteada por el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y otras organizaciones sociales, para reformar algunos textos legales vigentes.
La Corte observó que la solicitud de consulta popular contenía 14 preguntas, a través de las cuales se pretendía reformar 43 artículos e incluir 20 artículos en 20 cuerpos normativos distintos.
Se trata del Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico Monetario y Financiero, Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuacultura y Pesca, Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura, Ley Orgánica de la Soberanía Alimentaria, entre otros.
A criterio del organismo, no existe prohibición constitucional de proponer, a través de consulta popular, reformas legales concretas.
Sin embargo, “se debe tomar en consideración que los anexos que contengan las reformas legales específicas se leerán como parte integral de la pregunta”.
En consecuencia, sostiene el dictamen, las reformas legales propuestas “no pueden ser de una complejidad tal que deriven en falta de claridad o conviertan a la pregunta en compuesta, pues esto obstruiría la libertad del elector”.
La Corte determinó que se pretendía someter a consulta de la ciudadanía “hasta doce reformas legales a través de una sola pregunta” y que esto impide que el elector pueda manifestar su elección sobre cada una de las reformas de forma independiente.
El 17 de septiembre de 2020, varias organizaciones sociales presentaron en la Corte el pedido de consulta popular para su evaluación, la cual fue planteada por Nebot en julio de 2020.
La propuesta tiene 12 preguntas sobre distintos temas, que van desde la asignación de recursos a gobiernos locales, manejo de la seguridad social, hasta el incremento de las penas para violadores.
El dictamen contó con los votos salvados de los jueces constitucionales Carmen Corral y Hernán Salgado, quienes consideraron que cuatro preguntas son improcedentes, por lo que fueron excluidas.
La jueza Teresa Nuques emitió dictamen favorable para trece de las catorce preguntas por cumplir con los requisitos formales, mientras que Enrique Herrería se pronunció a favor de todas las preguntas, pero con mínimos cambios de forma.
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