Mientras se desarrolla la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de peculado, la Procuraduría General confirma que Ecuador también enfrenta un arbitraje internacional por incumplimiento de contrato.
La fiscal Diana Salazar insistió ante el juez de Garantías Penales de la Corte Nacional, Iván Saquicela, para que se llame a juicio a los 15 procesados por presunto delito de peculado en el caso Singue.
El pedido lo hizo, la tarde de este 25 de septiembre, durante su réplica a las alegaciones realizadas por las defensas de todos los implicados que pidieron al juez dictar auto de sobreseimiento para sus defendidos.
Al iniciar su intervención, Salazar denunció haber recibido llamadas telefónicas durante el último fin de semana previo a la audiencia, de personas que intentaron presionar para excluir del caso a varios procesados.
Incluso narró haber sido amenazada por el familiar de uno de ellos fuera de la audiencia.
Según la funcionaria, los abogados defensores no han desvanecido la materialidad de los actos y, cada una de las defensas, ha reconocido su participación en la etapa precontractual, contractual y de ejecución del contrato.
Con las contrarréplicas de los defensores que se realiza este momento (18:00 del miércoles 25 de septiembre), el juez abrirá la etapa de presentación de pruebas.
Una vez que concluya esta fase, el juez decidirá entre llamar o no a juicio.
En este proceso, la Fiscalía investiga un presunto delito de peculado por la concesión del campo petrolero Singue, en 2011, al consorcio DGC. Como base existe un informe de Contraloría que señala un supuesto perjuicio al Estado por la definición de la tarifa que el Estado paga a la compañía.
La Fiscalía, en un informe pericial que fue cuestionado por los abogados defensores, elevó ese supuesto perjuicio a USD 28,4 millones.
El caso también está un arbitraje internacional
La Procuraduría General del Estado confirmó a PRIMICIAS que la compañía Gente Oil Ecuador Pte. Ltd. -integrante del Consorcio DGC- inició un procedimiento de arbitraje internacional en contra de Ecuador, por este caso.
La notificación de arbitraje se hizo el 6 de abril de 2018. La empresa se ampara en su Contrato de Prestación de Servicios para la Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos en el Bloque Singue de la Región Amazónica Ecuatoriana, alegando supuestos incumplimientos.
El arbitraje está regido por el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional de 1976 (el “Reglamento CNUDMI”), y es administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. El lugar del arbitraje es Santiago de Chile.
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