Gobierno de Perú decreta toque de queda en Lima y Callao

El toque de queda ordenado de manera imprevista por el presidente de Perú, Pedro Castillo, para Lima y su vecina Callao comenzó a las 02:00 de este martes 5 de abril de 2022.

Hasta el momento, no se ha reportado detenciones o incumplimientos.

El Consejo de Ministros adoptó la medida, en respuesta al paro de transportistas que deja cuatro fallecidos, además de cortes puntuales y temporales en algunas de las carreteras del país, en una semana.

"El Consejo de Ministros aprobó declarar la inmovilidad ciudadana (toque de queda) hasta las 23:59 del martes 5 de abril, para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas", dijo el presidente Castillo en un mensaje a la nación.

El mandatario garantizó el abastecimiento de los servicios esenciales.

Castillo también decretó el estado de emergencia en Lima y Callao, "suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito".

El anuncio sorprendió a los 10 millones de limeños y gran parte de la ciudadanía, que no se enteró de la medida.

La norma solo exceptúa de la inmovilización al personal de servicio de salud, agua, saneamiento, energía eléctrica, combustibles, telecomunicaciones, limpieza, servicios funerarios, transporte de carga y mercancías.

La decisión del Ejecutivo se tomó en medio de una ola de rumores en redes sociales sobre posibles manifestaciones y saqueos en Lima. Esto, tras la paralización que cumplen desde hace una semana los transportistas por el incremento de precios de los combustibles.

Además de los cuatro fallecidos, más de 20 personas han sido detenidas.

Aunque el Ejecutivo peruano decidió exonerar a las gasolinas y diésel del impuesto selectivo al consumo hasta junio próximo, Castillo justificó el toque de queda debido a los "hechos de violencia que algunos grupos han querido crear".

El gobernante hizo "un llamado a la calma, a la serenidad", y aclaró que la protesta social es un derecho constitucional, pero que debe hacerse "dentro del marco de la ley".

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