Luego de la nueva masacre carcelaria en Guayaquil, que deja hasta ahora 68 reclusos muertos, el presidente Guillermo Lasso hizo un llamado de atención a las instituciones del Estado y en especial a la Corte Constitucional.
La tarde de este 13 de noviembre de 2021, el Gobierno instaló un comité de seguridad de emergencia, con el fin de atender lo ocurrido en la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil.
En este centro de reclusión N°1 se registró un nuevo enfrentamiento armado y esta vez ocurrió para apoderarse del pabellón dos. Como resultado, 68 presos murieron asesinados y más de 20 heridos.
Tras los desmanes, el presidente Guillermo Lasso hizo un llamado de atención a las instituciones del Estado, y en especial a la Corte Constitucional.
Dijo que es necesario que se le “permita al Estado cumplir su labor fundamental: defender la vida de inocentes”.
Según Lasso, el Estado requiere de las herramientas constitucionales idóneas para “proteger a la población y recobrar el orden en las cárceles y luchar contra las mafias”.
Además añadió que lo ocurrido en las últimas horas en la cárcel de Guayaquil es un resultado de las decisiones judiciales que “ponen restricciones exageradas entre las fuerzas de seguridad del Estado para defender la vida”.
Este es un llamado de atención a las instituciones del Estado ecuatoriano, en especial a la Corte Constitucional. Necesitamos herramientas constitucionales idóneas para proteger a la población, recobrar el orden en las cárceles y luchar contra las mafias que se lucran del caos.
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) November 13, 2021
Estado de excepción
El sistema penitenciario del país se encuentra bajo estado de excepción declarado el 29 de septiembre, tras la masacre en la que murieron 118 presos, varios de ellos desmembrados.
Desde entonces las fuerzas de seguridad practican operativos periódicos de requisas y control en los centros penitenciarios, cuyo perímetro es controlado por uniformados.
Pese al estado de excepción, la Corte Constitucional dictaminó que la actuación de los militares en estos recintos no vulnera la Carta Magna en tanto se mantengan en los exteriores de las prisiones y hasta el primer filtro de ingreso a los recintos.
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