La Fiscalía de Ecuador realizó este martes 28 de mayo de 2019 incautaciones en la Corte Constitucional en el marco de una investigación por presunta financiación irregular a la campaña presidencial de Rafael Correa, que implica a la firma brasileña Odebrecht.
En un comunicado, la Corte Constitucional indicó que presta las “facilidades necesarias al fiscal en diligencia de incautación de equipo electrónico del caso ‘Arroz Verde'”.
La fiscal de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Ruth Amoroso Palacios, procedió a la incautación de los equipos electrónicos que fueron utilizados por dos procesadas en relación al caso, indicó el documento que precisó que las actuaciones fiscales se efectuaron “en presencia de varios servidores de la Corte Constitucional”.
En cumplimiento del Código Orgánico Integral Penal, la Corte “brindó todas las facilidades para que se lleve a cabo la presente diligencia”, añade.
En ella se incautaron dos CPU, un teléfono celular, una tableta electrónica y dos computadoras portátiles, equipos de los que estuvieron a cargo Pamela Martínez y Laura Terán, dos exfuncionarias de la Corte investigadas.
También se efectuaron pesquisas en las oficinas que fueron utilizadas por las dos antiguas servidoras públicas de la Corte Constitucional, una de ellas exasistente de Correa y la otra de la Presidencia, en prisión preventiva desde principios de mes tras ser capturadas a raíz de una denuncia dada a conocer por una investigación periodística.
Las dos mujeres habrían recibido ingentes cantidades de dinero aparentemente para financiar la campaña política del partido Alianza País (AP), en la época en que estuvo liderado por Correa.
Según los denunciantes, ambas son las principales involucradas en la trama de sobornos en la que la empresa NexoGlobal supuestamente proporcionaba servicios jurídicos y recibía los depósitos de miles de dólares en efectivo por parte de otras compañías, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht, a fin de lograr contratos con el Estado.
Las exfuncionarias de la Corte son sospechosas de haber recibido hasta USD 11,6 millones procedentes de sobornos de empresas nacionales y extranjeras como Odebrecht, según denunciaron uno de los periodistas y un abogado que destaparon el caso.
En el caso, la Fiscalía mantiene una investigación previa por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de activos. De su lado, la Asamblea Nacional anunció la conformación de una comisión para investigar el caso denominado “Arroz Verde“.
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