Fausto Murillo, nuevo titular del organismo, señaló que desconocía el levantamiento de la suspensión al fiscal Izquierdo, investigado por la muerte de Naomi Arcentales.
El levantamiento de la medida de suspensión al fiscal Juan Carlos Izquierdo tomó por sorpresa a Fausto Murillo. El pleno de la Judicatura revisará este caso.
El fin de semana, se conoció en redes sociales que la expresidenta del organismo levantó la medida cautelar al fiscal Izquierdo el mismo día de su renuncia.
Juan Carlos Izquierdo es hasta ahora el principal sospechoso de la muerte de Naomi Arcentales, en Manta.
"Un equipo jurídico analiza el tema, y tenemos que tomar una decisión, de ser el caso, en el pleno de la Judicatura", señaló Murillo en entrevista con Teleamazonas.
El nuevo titular del organismo recordó que el Código Orgánico de la Función Judicial establece infracciones específicas en el desempeño de su cargo. "Si no tenemos eso, el tema es penal".
"Tenemos que hacer un análisis jurídico de las razones que tuvo la doctora Maldonado para dictar la medida cautelar y para levantar esa medida cautelar. Si existen elementos importantes que puedan llevarnos a presumir que el fiscal cometió una infracción administrativa gravísima, el pleno de la Judicatura lo resolverá", dijo.
Murillo aclaró que la Judicatura no fomentará "una expectativa en relación a la inmediatez de la suspensión" de Izquierdo.
El pleno del organismo se reunirá este lunes, a las 12:30, con el pleno de la Corte Nacional de Justicia, para revisar otros temas.
Prioridades de la Judicatura
Dos temas prioritarios consta en la agenda de la Judicatura, según Murillo. El primero es la conformación de la Unidad de juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado.
Para el efecto, sostuvo, se emitió el reglamento y está en conversaciones con el Ministerio de Finanzas para lograr el financiamiento para esas unidades.
El otro tema tiene que ver con los recursos de casación. La Corte Constitucional emitió una sentencia que establece que estos recursos, en materia penal, no tienen la fase de admisibilidad.
Ahora, todos los recursos que se planteen ante la Corte Nacional de Justicia, en materia penal, tienen que ser tramitados, señalados a audiencia y resueltos.
Según Murillo, esto significa alrededor de un 80% de carga procesal extra. Para ello, se necesitaría un equipo de coordinación jurídica.
Lo último