Los agentes se capacitarán tanto directores de centros de rehabilitación, como guías de prisiones. La Snai deberá convocar a un nuevo proceso de selección.
Ecuador incorporará el próximo noviembre a 1.400 nuevos agentes penitenciarios para combatir la inseguridad, que en 2021 dejó 316 presos fallecidos en reyertas de bandas vinculadas al narcotráfico, informó el director general del Servicio Nacional Penitenciario (Snai), Pablo Ramírez.
Los agentes recibirán instrucción “del primer centro de formación penitenciaria con ayuda de la academia”, donde se capacitarán tanto directores de centros de rehabilitación, como guías de prisiones, precisó.
El anuncio se produce un día después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiera a Ecuador recuperar el control de sus cárceles y prevenir los crímenes en un informe que siguió a una visita al país en diciembre de 2021.
En ese documento, precisamente, el órgano interamericano consideró elemental incrementar el personal de prisiones a cargo de la seguridad y vigilancia de los centros penitenciarios.
Ramírez recordó que uno de los ejes principales de la Administración ecuatoriana en la materia es la profesionalización de agentes y directores de prisiones, y que entre las primeras acciones adoptadas está la reducción de la población penitenciaria, otro de los requerimientos que anotan los organismos internacionales.
“Estamos en un constante diálogo con los privados de libertad para ir realizando un control de las cárceles y de esta manera contribuir a la rehabilitación”.
Pablo Ramírez
El Gobierno ecuatoriano presentó el mes pasado la primera ‘Política Pública de Rehabilitación Social del Ecuador con énfasis en la promoción de los derechos humanos’, a la que se han destinado cerca de USD 27 millones para su ejecución.
La visión de los expertos
El SNAI inauguró, el viernes 18 de marzo, el primer congreso internacional de Criminología Penitenciaria, Psicología Criminal y Seguridad Ciudadana, donde expertos de la región y organismos especializados dieron a conocer las mejores prácticas.
José Antonio Pérez, director general de Prevención y Reinserción social del Estado mexicano de Jalisco, manifestó en una ponencia que la reinserción social fue tradicionalmente considerada una tarea menor y esa “equivocada percepción hizo que el sistema penitenciario o carcelario fuera considerado solo un ente punitivo del Estado”.
Resaltó la importancia del sistema de clasificación penitenciaria, porque dijo, “un error de la autoridad penitenciaria permitiría que un interno inmediatamente fuera agredido y asesinado por la banda rival”.
Y recomendó “no seguir abusando de la prisión preventiva” tras poner el ejemplo mexicano, donde aseguró que buena parte de los delitos patrimoniales se generaban desde las prisiones.
Claudia Milena Garzón, comisionada de Pacificación Penitenciaria y directora de la Unidad de Análisis Criminal de Colombia, aseguró que “las cárceles no son bodegas de carne humana” y que “pacificar es humanizar, conocer las realidades que existen intramuros”.
La especialista pidió entender el complejo entramado criminal que se extiende en las prisiones, incrementar las labores de prevención del delito en el contexto penitenciario y desarrollar un trabajo de inteligencia estratégica dentro y fuera de las cárceles.
Antonio De Leo, representante de la Oficina de la ONU Contra la Droga y el Delito para Perú y Ecuador (UNODC), desgranó un diagnóstico de la situación carcelaria en Ecuador, en el que figuran:
- El aumento acelerado de la población carcelaria como fenómeno multicausal.
- La seguridad comprometida en las prisiones y agravada por la corrupción.
- La falta de políticas eficaces
- Las condiciones inhumanas de privación de libertad.
Para paliar esta situación, esa entidad de la ONU propuso una Hoja de Ruta con varios componentes: mejorar la seguridad, reducir el hacinamiento y el uso excesivo del encarcelamiento, mejoras en la rehabilitación y reinserción social, así como en las condiciones de privación de la libertad y la presión penitenciaria.
“Una política de prevención de drogas, de tratamiento y rehabilitación, así como una política de justicia criminal en línea con los estándares internacionales, reduciría el hacinamiento carcelario”.
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