Asamblea censura y destituye al Superintendente de Compañías

La Asamblea Nacional resolvió, la noche del 8 de diciembre de 2021, la censura y destitución de Víctor Anchundia, superintendente de Compañías.

La decisión se tomó con 132 votos a favor, casi por unanimidad. La votación contó solo con una abstención, de la asambleísta Nathalie Viteri (PSC), quien aseguró que Anchundia es un "chivo expiatorio".

Con esto, Anchundia no podrá ejercer cargo público en los próximos dos años.

El juicio político en el Pleno de la Asamblea inició después de un informe de la Comisión de Fiscalización, que halló que Anchundia incumplió sus funciones, al no vigilar, auditar y controlar el mercado de valores, el régimen de seguros ni a las personas jurídicas de derecho privado no financieras.

Este control debía realizarlo de acuerdo a las leyes de Compañías, de Mercado de Valores, de Seguros, el Código Monetario y las regulaciones de la Junta Monetaria.

El caso se centró especialmente en la estafa al Isspol y la falta de control de la Súper de Compañías en dos ámbitos:

• A las empresas Ecuagran y Delcorp, que negociaron facturas comerciales con el Isspol.
• A las casas de valores Citadel y Valpacífico, que participaron en las operaciones de bonos del Isspol.

Durante su intervención, Anchundia señaló que la competencia del control de las inversiones del Isspol recaía sobre la Superintendencia de Bancos, y en todo caso sobre la anterior administración de la Superintendencia de Compañías, a cargo de Suad Manssur.

Los pedidos de juicio político contra Anchundia fueron presentados por los asambleístas Ricardo Vanegas (Pachakutik) y Luis Almeida (PSC).

La resolución del Pleno

En la resolución de destitución de Anchundia, el Pleno también decidió:

• Remitir el informe de la Comisión de Fiscalización a la Fiscalía para que lo analice e incorpore, como aporte en las indagaciones sobre el caso Isspol. Además, sugiere que se investigue a los funcionarios miembros de los distintos directorios del Isspol.
• Enviar el informe también a la Contraloría, para que inicie un examen a las intendencias.
• Remitir el informe al Servicio de Rentas Internas, para que realice una auditoría tributaria sobre las presuntas irregularidades descritas.
• Pedir a la Contraloría un examen a las calificadoras Summa Rating y Class International, por las calificaciones a varias aseguradoras.

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