La iniciativa legal es el resultado de la Mesa Interinstitucional, conformada por representantes de las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial.
Autoridades de tres Funciones del Estado acudieron a la Asamblea Nacional, el 18 de abril de 2023, para presentar un proyecto de reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (Logjcc).
Esta normativa, entre otras cosas, regula las garantías constitucionales como:
- Habeas corpus
- Acciones de protección
- Medidas de cautelares
Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que se ha "abusado al extremo" de estas acciones constitucionales. Lo que ha provocado complicaciones desde la administración de justicia hacia la seguridad del país.
Según Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la Logjcc se aprobó en 2009 y no ha sido reformada en 14 años, por lo que es momento de ajustarla a la nueva realidad nacional.
La reforma
El objetivo principal de la reforma es aclarar la pertinencia de las garantías constitucionales, como los habeas corpus y las acciones de protección. Se ha detectado, dijeron las autoridades, que estas se utilizan para sustituir a la justicia ordinaria.
Uno de los aspectos que se intenta reformar es la multiplicidad de recursos. Es decir, cuando una persona presenta varios habeas corpus o acciones de protección de manera simultánea.
En ese caso, la reforma plantea que cuando todas las acciones se refieren a la misma presunta violación de derechos, deben ser tratadas solo por el juez que conoció la primera causa.
"No podrá volver a pasar que en un mismo tema se presentan 15 acciones en diferentes ciudades".
Iván Saquicela
Otro cambio que se plantea tiene que ver con las medidas cautelares. La Mesa Interinstitucional propone que estas decisiones no puedan alterar una sentencia judicial previa. Por ejemplo, que no puedan liberar a una persona con sentencia ejecutoriada.
Además de Iván y Virgilio Saquicela, en la presentación de la reforma, participaron Juan Zapata, ministro del Interior; Henry Cucalón, ministro de Gobierno; Guillermo Rodríguez, director del SNAI, y Ángel Torres Machuca, Defensor Público.
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