El CNE convoca a elecciones y comienzan a correr los 90 días

La convocatoria a las elecciones da inicio al plazo de tres meses para la jornada de votaciones, que será el 20 de agosto de 2023.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó, la noche de este 24 de mayo de 2023, a las elecciones presidenciales y legislativas, que se desarrollarán el próximo 20 de agosto. Con esto, comienzan a correr los plazos del calendario electoral definido por el organismo electoral.

En estas elecciones se escogerá un nuevo presidente y vicepresidente, 15 asambleístas nacionales, 116 asambleístas provinciales y seis asambleístas por el exterior.

Ecuador exportará mangos a Corea del Sur y llega a 59 mercados de destino para esta fruta

En la convocatoria, se ratificó el presupuesto de las elecciones, que asciende a USD 79 millones para la primera y segunda vuelta.

Además, anunció el límite del gasto electoral que podrán hacer los candidatos durante la campaña:

Binomio presidencial: USD 5,38 millones.
Candidatos a asambleístas nacionales: USD 4,03 millones.

Tras la declaratoria de la muerte cruzada, el CNE tenía siete días para convocar a las elecciones, y desde esa fecha, 90 días para realizar las elecciones.

Y los "hitos" del calendario electoral comienzan a correr de inmediato. Este 25 de agosto comienza el plazo para que las organizaciones políticas realicen sus procesos de democracia interna y escojan a sus candidatos para la presidencia y la Asamblea.

Además, desde este jueves 25, partidos y movimientos podrán registrar sus alianzas.

Ambas actividades tienen plazo hasta el 7 de junio para completarse, y son las primeras del calendario electoral.

A partir de la fecha de esta convocatoria, se prohíbe cualquier tipo de publicidad con fines electorales con excepción de las dispuestas por el CNE. Las entidades públicas que necesiten difundir publicidad institucional en medios de comunicación tendrán que solicitar autorización.

La normativa electoral establece que está permitida la difusión de información por parte de las instituciones públicas en caso de grave conmoción interna, catástrofes naturales u otras situaciones excepcionales.