Consulta popular de Yasunidos, negada nuevamente por el CNE

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) se instaló la noche del viernes 15 de noviembre y negó el pedido de consulta popular del colectivo Yasunidos, que data de 2014. Un informe jurídico determina que Julio César Trujillo, fallecido, es el único que puede pedir la consulta.

El CNE ya negó el pedido de consulta en 2014. Sin embargo, en marzo de 2019, el Consejo de Participación Transitorio aprobó un informe de investigación, en el que aseguró que el CNE violó los derechos de participación de quienes firmaron en respaldo a la consulta popular.

Desde entones, los Yasunidos pedían al CNE la convocatoria a la consulta popular. Y frente a la falta de respuesta, acudieron al TCE, que ordenó al Consejo que emitiera una respuesta.

En la sesión de este 15 de noviembre, el CNE aprobó un informe jurídico en el que se niega otra vez la posibilidad de una consulta popular. El argumento: la consulta fue propuesta por Julio César Trujillo, quien actuaba como representante del colectivo, y él falleció.

El informe fue aprobado con los votos de Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero, y la negativa de Enrique Pita y Luis Verdesoto.

"El doctor Julio César Trujillo, en su calidad de proponente, era el único facultado para impulsar el trámite de consulta popular"

Informe jurídico del CNE sobre Yasunidos

Antes, los miembros del CNE escucharon a miembros de Yasunidos y representantes de organizaciones de defensa de los derechos de los animales y la naturaleza.

Pedro Bermeo, vocero de Yasunidos, señaló que los indígenas en aislamiento voluntario que habitan en el Yasuní se encuentran al borde de un genocidio por la "sistemática violación a sus derechos colectivos y la explotación de su territorio".

Bermeo sostuvo que esta situación se vio agravada por la entrega de la licencia ambiental para la explotación del campo Ishpingo, parte del ITT.

El colectivo entregó más de 756.000 firmas en abril del 2014, para impedir la explotación petrolera en los bloques petroleros ITT y 31. Estos eran protegidos por la iniciativa Yasuní ITT, cancelada por el entonces presidente Rafael Correa.