Correístas no niegan sobornos, pero intentan desacreditar las pruebas

Atrás quedó la vehemencia con la que los abogados y políticos correístas negaron la existencia de una red de coimas que operó de manera simultánea al gobierno de Rafael Correa.

Ahora, en los dos primeros días del juicio, que comenzó el 10 de febrero, el discurso del correísmo ha cambiado para centrarse en evitar que las pruebas presentadas por la Fiscalía sean aceptadas.

El Tribunal ha dicho que, en su resolución, establecerá si acoge los argumentos de la defensa que buscan desacreditar las pruebas.

Acuerdo con Martínez

La Fiscalía empezó a desarrollar sus pruebas la tarde del lunes, luego del receso que separó los alegatos de apertura de la parte probatoria.

La fiscal Diana Salazar empezó exponiendo los acuerdos a los que llegó con Pamela Martínez, quien fuera la mano derecha y asesora del ex presidente Rafael Correa y ahora es la principal testigo y cooperadora del Ministerio Público.

Los acuerdos consisten en 47 pruebas que Martínez aceptó como ciertas y que, durante el juicio, su defensa no refutará.

Entre los acuerdos, entre otros, está el hallazgo de 11 agendas que detallan la estructura de los sobornos, los registros de aportes y aportantes, los pagos que la Corporación Eléctrica (Celec) hizo por el arrendamiento de una oficina en el edificio Concorde.

En ese edificio, localizado en Quito, funcionó una oficina alterna a la Presidencia de la República donde Pamela martínez y su ex asistente Laura Terán recibían el dinero de los sobornos pagados a exfuncionarios del gobierno de Correa.

Luego, Terán y Martínez repartían el dinero según las instrucciones del expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas para financiar actividades proselitistas de Alianza PAIS.

Mientras Salazar avanzaba con la lectura de los acuerdos, se multiplicaban las manos levantadas de los abogados que representan a los exfuncionarios correístas.

Iván León, el conjuez ponente, les decía reiteradamente que no era momento de objetar ni observar nada, ya que los acuerdos de Martínez sirven únicamente para juzgarla a ella y no tienen nada que ver con el resto de los involucrados en el caso.

Esa respuesta no los convenció. Vanessa Zavala, abogada del exsecretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, criticó que la Fiscalía hubiera llegado a acuerdos con una procesada sobre temas que no la involucran solo a ella.

Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa, dijo que la Fiscalía sustenta toda su acusación en lo que dicen Pamela Martínez y Laura Terán.

Jorge Luis Ortega, defensor de exministro de Obras Públicas, Walter Solís, pidió invalidar varios acuerdos porque se basan en estudios realizados por peritos que no están acreditados por la Judicatura.

Testimonios anticipados

La segunda parte de la prueba presentada por la Fiscalía fue la reproducción de la grabación de los testimonios anticipados de Pamela Martínez, Laura Terán y exrepresentante de Odebrecht en Ecuador, el brasileño José Conceição Santos.

Las reproducciones fueron extensas y, nuevamente, llegaron las objeciones de los abogados defensores del correísmo. La defensa tampoco objetó las declaraciones sino su validez dentro del proceso.

Los argumentos para rechazar los testimonios de Martínez, Terán y Conceição Santos incluyeron que no se les tomó el juramento de ley para un juicio, que varios abogados no estuvieron presentes cuando se rindió ese testimonio o que no se les ha permitido contrainterrogarlos.

"Que vengan al juicio", pidió uno de los abogados de la defensa correísta.

Pero, la fiscal Diana Salazar recordó que Terán y Martínez forman parte del Programa de Protección de Víctimas y Testigos. Mientras que Santos está pagando una condena en Brasil por corrupción.

El contenido de las declaraciones incrimina a los dirigentes correístas, en especial a Rafael Correa, a quien Pamela Martínez ubica como el jefe de la estructura de sobornos.

Incluso la reproducción de las grabaciones de los testimonios anticipados llevó a un encontrón entre la fiscal Salazar y Marcelo Dueñas, abogado de la asambleísta Viviana Bonilla y de Christian Viteri, ex asambleísta de Alianza PAIS.

El juez terminó haciendo un "severo llamado de atención" a Dueñas ya que al exigir que se reproduzca el juramento de Conceição Santos, el abogado sugirió que el audio presentado por la Fiscalía había sido alterado.

"Si no tiene capacidad de probarlo, guárdese esos comentarios", le respondió el conjuez León.

Primeros testigos

Ayer, martes 11 de febrero, luego de la primera jornada que duró 15 horas, el juicio se volvió a instalar y llegó el turno para que la Fiscalía llame a sus testigos al estrado. En total serán 163 en todo el juicio.

Primero pasó el capitán de Policía Fausto Fuentes y rindió el testimonio más largo y accidentado. Duró tres horas, en medio de preguntas y repreguntas de las partes y varios llamados de atención de parte del Tribunal.

Fuentes fue el encargado de levantar el parte policial con base en la investigación original del caso "Sobornos 2012-2016", que fue publicada por un medio de comunicación digital.

La Fiscalía, con sus preguntas, intentó que quedara en los registros del juicio el nombre de los funcionarios que pidieron y recibieron sobornos y de las empresas que los ofrecieron y los entregaron.

La defensa del correísmo no objetó el testimonio de Fuentes, ni el contenido del parte policial así como tampoco la publicación titulada Arroz Verde.

Las preguntas se enfocaron a demostrar que Fuentes no contrastó la información y que todo el caso Sobornos 2012-2016 se basa en una publicación de Twitter.

La jornada matutina terminó con el llamado a Christian Zurita, periodista autor de la investigación Arroz Verde. Con su interrogatorio, la fiscal Salazar nuevamente intentó dejar por sentada la teoría del caso de la estructura de sobornos.

En el contrainterrogatorio, nuevamente el correísmo fue el protagonista, esta vez tratando de desacreditar la condición de testigo de Zurita, antes que el contenido de su investigación.

Fausto Jarrín hizo cinco preguntas consecutivas sobre una supuesta animadversión del periodista en contra de Correa, que se habría originado en el juicio que el expresidente interpuso contra Zurita en 2012 por la investigación denominada Gran Hermano.

Esta investigación hablaba sobre los contratos del hermano del exmandatario con el Estado.

Todas las interrogantes fueron objetadas por la fiscal Salazar. El conjuez Iván León dio paso a todas las objeciones y Zurita no tuvo que responder esas preguntas, quedando descartada la intención del correísmo.

¿Y la recusación?

El lunes por la tarde, la Corte Nacional admitió a trámite la demanda de Correa contra los tres jueces del Tribunal. El objetivo del expresidente es declararlos parcializados y que sean separados del proceso.

Sin embargo, la entidad pidió que los jueces sean citados personalmente. Y ayer, durante el tiempo que estuvieron en la audiencia, eso no pasó.

Por esta razón, el juicio todavía no se ha suspendido como ordena el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Tampoco las partes, incluyendo al abogado de Correa, han llamado la atención de los jueces para que suspendan la audiencia.

El mayor inconveniente ante una posible separación de uno de los tres jueces del proceso es que no hay más magistrados disponibles, ya que todos los integrantes de la Sala Penal de la Corte Nacional ya han actuado en el caso Sobornos 2012-2016.