Cuatro denuncias contra Participación por su intención de revisar la designación de la Corte Constitucional
Los asambleístas Raúl Tello (BADI) y Jeannine Cruz (Creo), Geovanni Atarihuana y el Colegio de Abogados presentaron denuncias en contra de cuatro vocales del Consejo de Participación. Los acusan de presuntamente haber cometido el delito de incumplimiento de decisiones de las autoridades, por irrespetar un dictamen de la Corte Constitucional.
La asambleísta Jeannine Cruz, de CREO, presentó una denuncia en contra de cuatro vocales del Consejo de Participación.
Estefanía Celi
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Nota actualizada a las 12:45 con las acciones de Fabricio Villamar
La Fiscalía recibió cuatro denuncias en contra de cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) este 11 de julio del 2019.
Las acusaciones se dan después de que esta institución decidió crear una comisión para revisar el proceso de designación de la Corte Constitucional.
La misma Corte emitió el 7 de mayo un dictamen en el que señala que el CPCCS no puede ejercer facultades de revisión sobre lo actuado por sus predecesores, el Consejo Transitorio, dirigido por Julio César Trujillo.
Las denuncias apuntan a que el nuevo Consejo está incumpliendo dicho dictamen.
El líder de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana; el Colegio de Abogados de Pichincha, y los asambleístas Raúl Tello (BADI) y Jeannine Cruz (Creo) presentaron denuncias.
Todas argumentan que el Consejo, con su decisión, está incumpliendo el dictamen de la Corte, lo que configura un delito penal.
Los consejeros señalados son: José Tuárez, Victoria Desintonio, Walter Gómez y Rosa Chalá. Ellos resolvieron la conformación de la comisión, con base en el criterio de tres constitucionalistas invitados al Consejo la semana anterior.
El asambleísta Tello anunció además que ya tiene 70 firmas para el juicio político que, como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, presentará contra Tuárez y Gómez.
Dijo que, sin embargo, la decisión de revisar lo actuado por el Transitorio configura una causal de juicio político contra los cuatro consejeros denunciados, por incumplimiento de funciones.
En este mismo sentido, la legisladora Cruz anunció que el bloque de CREO iniciará la recolección de firmas para un juicio político contra Tuárez, Desintonio, Gómez y Chalá por incumplimiento de funciones, con base en la misma decisión sobre la Corte Constitucional.
El Colegio de Abogados cerró los pedidos:
El asambleísta Fabricio Villamar también acudió a la justicia sobre este caso. Mediante un oficio, puso en conocimiento de la fiscal general, Diana Salazar, que lo actuado por el CPCCS constituye un delito. Villamar pidió el día anterior medidas cautelares para prevenir que el CPCCS revise la designación de la Corte.
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