Acción de protección y juicio político penden sobre concurso para designar Defensor Público
Con una acción de protección, una aspirante que fue descalificada, busca que el concurso para Defensor Público se suspenda. El correísmo pide juicio político contra dos consejeros.
Consejeros del Cpccs comparecieron en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en mayo 2024.
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El concurso para designar al nuevo Defensor Público encuentra más escollos para su desenlace en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). A un posible juicio político desde la Asamblea, se suma una acción de protección de una concursante que fue descalificada.
La comisión ciudadana de selección se reunió este lunes, 10 de junio de 2024, sin lograr mayores avances.
Mientras, Maritza Romero, la cuarta concursante que fue descalificada del concurso por falta de probidad, anunció que ha presentado una acción de protección solicitando la suspensión inmediata del concurso. Para ello, argumenta irregularidades y falta de transparencia.
Esta causa recayó en un juez de Tumbaco, en Quito. En otra ocasión, esta misma aspirante denunció supuestas amenazas de muerte.
Los comisionados aseguraron que el concurso continúa, ya que hasta ahora no han sido notificados de ninguna medida cautelar.
En la sesión, dejaron en firme la descalificación de otro concursante, Wilson Ortega Caicedo, por inhabilidades.
Pedido de juicio político contra dos consejeros
Entretanto, la asambleísta del correísmo Ana Herrera presentó una solicitud de juicio político en contra de Juan Esteban Guarderas y de Johana Verdezoto, consejeros del Cpccs, por supuesto incumplimiento de funciones.
Al primero lo cuestiona por supuesta falsificación de firmas en la denuncia que presentó contra la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE); de presuntos indicios de tráfico de influencias; y, de incumplir el deber de reserva y protección del denunciante.
Por su parte, Verdezoto es señalada por haberse reunido con Daniel Frías, quien era el mejor puntuado hasta que renunció en medio de un escándalo por supuestos vínculos con el narco Leandro Norero.
El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) deberá revisar si la solicitud de Herrera cumple con los requisitos para su trámite en la Asamblea. Si supera esta etapa, irá a la Comisión de Fiscalización, que acumula varios pedidos de interpelación contra varios funcionarios y exfuncionarios.
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