"Hay multiplicidad de agrupaciones con tendencia a la deslegitimación mutua"

La relación entre el gobierno y un grupo de organizaciones sociales nacionales mantiene una tensión política, cuyo epicentro es el precio de los combustibles y su subsidio. En unos tropezados intentos de diálogo, el movimiento indígena y el Ejecutivo no han podido llegar a un acuerdo mínimo.

Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad, asegura que mantendrán abierto ese camino. Incluso a pesar de que la Conaie advirtió ya con medidas de hecho desde enero.

Según el funcionario, el problema no solo radica en la variedad de organizaciones sociales, de hecho y derecho, y la diversidad de temas. Si no que también influyen los intereses, de carácter político y de protagonismo de ciertos dirigentes.

¿Cuántas mesas de diálogo ha llevado a cabo el Gobierno en estos primeros seis meses de gestión?

Es un poco complejo porque no se trata, solamente, de aquello que provenga de las reuniones que se mantenga con el Presidente de la República. Los ministerios y dependencias tienen procesos con diversos sectores sobre varios temas, por lo tanto, tener un registro así no es posible, como para tener una cifra.

¿Se puede saber entonces con cuántas organizaciones sociales las están llevando a cabo?

Como Ministerio de Gobierno, en términos de sistematización más direccionada a cada una de las organizaciones, hemos realizado un proceso con el Pueblo Montubio y con la Fenocin.

Sin perjuicio de ello, hemos mantenido diálogos con otros sectores. Hay que puntualizar que el tejido de la sociedad ecuatoriana se ha tornado múltiple y disperso.

Por ejemplo, en materia del cultivo de arroz tenemos una diversidad de organizaciones que no necesariamente tienen una sintonía a pesar de estar en el mismo sector. Y, en consecuencia, al Gobierno le ha correspondido tratar con organizaciones diferentes, de derecho y de hecho.

Así mismo, con organizaciones del movimiento indígena hemos tenido más de una docena de reuniones, lo que refleja que al interior del movimiento y de Conaie y otras organizaciones existen otros sectores que tienen otra dinámica.

Esto da la pauta de lo complejo que resulta ahora poder identificar y articular intereses, que es parte de la gestión que tiene que hacer la política y el gobierno.

Al haber esta complejidad, ¿las mesas de diálogo funcionan o pueden a recurrir a otra herramienta?

Es inevitable que sea a través de ese mecanismo porque posibilita que no se disperse el tratamiento de la temática, porque la dispersión termina en la superficialidad. Entonces, en la medida que se asigna una suerte de especialización a cada mesa, es más factible que el análisis y el debate pueda tener más profundidad en un doble sentido.

Uno de esos sentidos es para definir alternativas de solución a distintos problemas y el otro para tornar operativas esas funciones. Y lo que antes se solía denominar comisiones hoy se llaman mesas temáticas.

Sin importar el nombre de la metodología, las organizaciones sociales se quejan de que no funcionan.

Ciertamente, no se puede desconocer que se ha producido históricamente una suerte de deslegitimación de este tipo de metodologías. Algún actor político en el pasado sentenció: las comisiones son los cementerios de los buenos proyectos.

Y sí hemos encontrado, en algunos momentos, en algunas agrupaciones resistencia por esta especie de estigma que existe sobre la metodología. Pero, ese es el mecanismo democrático a través del cual se puede reflexionar y discutir con profundidad.

¿Cuál es la diferencia ahora si la metodología del diálogo es la misma que ya ha fracasado antes?

Lo que tenemos es la voluntad de hacer posible el acercamiento en medio de la diferencia y tener acuerdos y que esos acuerdos se plasmen. Porque una característica que ha tenido la administración pública en el país es que las diversas instancias, en todos los gobiernos, funcionan como departamentos de Estado.

Cada una despliega su gestión en forma autónoma y eso a veces imposibilita que, por un lado, seamos eficaces al momento de conseguir los objetivos y, por otro lado, que seamos eficientes en cuanto a la administración de recursos.

Desde el punto de vista de voluntad política, en el Ministerio tenemos la convicción de hacer una consolidación que implique tener claridad sobre lo que constituyen esos acuerdos y luego desplegar una gestión interinstitucional que permita que eso se cumpla con eficiencia.

Y los requerimientos no llegan solo en reuniones físicas, sino también por escrito a la Presidencia y otros ministerios. Entonces hemos recopilado, al menos, las de las principales organizaciones del país: Pueblo Montubio, Feine, Fenocin, Conaie, Frente Unitario de Trabajadores y otras.

Estamos seleccionando las coincidencias para atender los requerimientos de diversas organizaciones. Y viendo que se queda excluido para dar un tratamiento específico a los temas puntuales de cada agrupación.

Pero también está el caso de los transportistas, por ejemplo, que se sentaron a conversar durante meses con el Ejecutivo y aún no hay un acuerdo sobre la focalización de los subsidios ni tampoco una medida en vigencia. Y parecería que el diálogo quedó truncado.

Esto refleja que la estructura organizada del país está tremendamente fragmentada y en cada sector se encuentran una multiplicidad de agrupaciones con una tendencia a la deslegitimación mutua.

Me imagino que no son solo disputas en cuánto a los objetivos de la organización en términos formales, sino probablemente discrepancias de orden personal de los dirigentes, de búsqueda de ensanchamiento de espacios.

Este fenómeno hace que comparezcan unas organizaciones y otras se nieguen a acudir y el resultado del diálogo, de la negociación democrática, luego es desconocido o deslegitimado por otras organizaciones que no han participado.

En ocasiones los acuerdos se desestabilizan porque, ante la deslegitimación, quienes formaron parte empiezan a titubear o a tratar de separarse de la coincidencia a la que se ha llegado.

Pero si no se puede concretar acuerdos, ¿cómo toma el gobierno las decisiones en políticas públicas?

En la medida que se arriba a acuerdos, por ejemplo en el tema de los subsidios, corresponde que el Ministerio de Transporte, que coordinó esos acuerdos, impulse su concreción, en cuanto a lo que el gobierno le compete.

Pero siempre vamos a quedar sujetos a lo que acontezca con quienes participaron en esos acuerdos y, adicionalmente, a los ataques que se formulen desde otros sectores sobre lo acordado.

Esto resulta inevitable, pero estas son las reglas del juego democrático y sociales que ahora tenemos. Es complejo que las agendas, no solo por las temáticas, sino por las posiciones individuales o grupales de los dirigentes que tienden a ser excluyentes.

Eso va a complicar a cualquier gobierno a menos que tenga una condición autoritaria.

Ante la imposibilidad de llegar a acuerdos totales, el Ejecutivo tiene que tomar decisiones y ejecutar sus políticas públicas...

Desde luego. En esta materia de negociación hay un paradigma de mirar todo desde el tradicionalismo. Es decir, cuando se trata del tema de los combustibles se intenta plantear exclusivamente la focalización, cuando pueden existir otros mecanismos que provoquen el mismo resultado en la disminución de la estructura de costos finales que tiene el transportista.

Pero en las reacciones que se han dado estamos viendo una persistencia en ese paradigma. No les interesa la reducción de aranceles sino la focalización, y dicen "ustedes no han hablado ni acordado sobre ese particular". Y, bueno.

Lo que corresponde al gobierno es cumplir con lo acordado.

En cuanto a la situación con la Conaie, el gobierno sostuvo que el plazo para responder a sus planteamientos era el 1 de diciembre. ¿Les respondieron?

Ayer (1 de diciembre) esto estaba en manos de la Presidencia de la República, que administrativamente se encarga de notificar a los dirigentes que participaron en la reunión del 10 de noviembre.

¿Cuál será la respuesta?

Para tomar una decisión en esa materia, el gobierno ha efectuado un análisis técnico, económico del impacto social riguroso. No es así más o menos, que se le ocurrió hacer eso. De por medio es un análisis responsable.

La posibilidad de modificar los resultados de un análisis serio en cualquier ámbito es algo serio, porque provoca una cantidad de desfases.

¿Esa respuesta servirá para que la Conaie, la Feine y el Frente Popular se sienten a conversar de nuevo con el gobierno?

Eso ya depende autónomamente de cada organización. En todo caso, si ha habido una diferencia en estas semanas.

Mientras la Conaie supeditó, en forma intransigente, a que según la respuesta al congelamiento de los precios de los combustibles se podría o no continuar con mesas de diálogo sobre otros temas; la Fenocin dijo que no, que independientemente de eso continúan.

Pese al anuncio de medidas de hecho en enero, ¿el Ejecutivo volvería a dialogar con la Conaie?

Por supuesto. Esa tiene que ser una condición que por esencia tenga cualquier gobierno democrático. ¿Qué otro mecanismo se tiene si no es ese?

Hay un problema cultural que tenemos de hacer de la democracia únicamente un espacio de controversia y no de búsqueda de coincidencias. No solo se lo puede apreciar en el ámbito político. A veces, hasta en una reunión de padres de familia de un jardín de infantes hay tensiones, discrepancias y se pelean, peor en otro tipo de temas.

¿Entonces qué hará el gobierno frente a esas intenciones de protesta social para el próximo año?

Por un lado, independientemente de que existan procesos de diálogo, la obligación de todo gobierno es gestionar la búsqueda de soluciones a los problemas de los sectores del país. Y el agro, lo rural y el sector indígena debe merecer la atención del gobierno.

Y, en la medida que las leyes franquean la posibilidad de expresar las discrepancias con las decisiones del gobierno hay que respetar eso. Pero, hay que tomar en cuenta también que el deber del gobierno es precautelar los derechos de todos los ecuatorianos, de preservar el patrimonio privado y público, la integridad física, la vida, el libre tránsito.

Lo óptimo sería que prime el diálogo. Pero tampoco hay que perder de vista que ahí subyacen otro tipo de intereses, de carácter político, de protagonismo, de perspectivas y expectativas, de promoción incluso electoral, que siempre estarán presentes entre los dirigentes.

Y, aunque es el derecho individual de cada uno, lo que no está bien es que se trate de posicionar como un tema social a lo que termina siendo una plataforma de carácter político y en ocasiones de orden personal.