El 'plan B' del Gobierno si la Corte rechaza preguntas del referendo

Mientras la mirada de los ecuatorianos recae sobre la Corte Constitucional, a la espera de un pronunciamiento sobre la propuesta de referendo del Gobierno, desde el Ejecutivo manejan un 'plan B', si ese organismo rechaza alguna de las preguntas.

La asesora jurídica de la Presidencia, Karen Sichel, señaló que el presidente Guillermo Lasso puede tomar el camino de la consulta popular o plebiscito.

"En el caso de que la Corte Constitucional niegue algunas de las preguntas, es probable que el presidente, en vez de enmendar la Constitución (vía referendo), haga propuestas para reformar la ley o de plebiscito, para alivianar otros temas", explicó en Teleamazonas.

No obstante, confía en que el organismo constitucional revise estos temas "a profundidad".

Sichel recordó que estas nuevas preguntas también pasarían por el control de la Corte, pero esta vez -dijo- "un control automático, formal sobre los considerandos, las preguntas y los anexos, ya no tanto respecto de la vía, como ocurre con las enmiendas constitucionales".

Hace unos días, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, adelantó la posibilidad de que el Ejecutivo consulte a los ecuatorianos sobre temas laborales o económicos.

"En este momento, nosotros solo podemos proponer cambios a la Constitución. Todas las preguntas que tenían que ver con el tema económico y con el laboral, se efectúan a través de propuestas o reformas a la ley", insistió.

Sichel sostuvo que puede haber un segundo momento. Allí, es probable que el Gobierno -a través del decreto ejecutivo de convocatoria a referendo- incluya en este documento temas laborales, de economía o de producción.

Pero primero esperarán el dictamen de procedimiento de la Corte.

La funcionaria manifestó que las ocho preguntas del referendo salieron de 220 propuestas ciudadanas que le llegaron al mandatario, así como de reuniones con organizaciones de la sociedad civil.

De allí que sostuvo que incluyeron el tema de medioambiente porque era de preocupación, principalmente de los jóvenes.

El Ejecutivo aspira a que la Corte Constitucional se pronuncie hasta el 20 de octubre, aunque no hay plazos para que el organismo lo haga.

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