Exalcalde de Ponce Enríquez enfrenta proceso por sabotaje y no podrá salir del país

Elías Baldor B., exalcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, fue procesado por la Fiscalía Provincial del Azuay por su presunta autoría en el delito de sabotaje. Así, podría enfrentar una condena de cinco a siete años de cárcel, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La audiencia de formulación de cargos se desarrolló este 14 de agosto de 2023. Alexandra Vallejo, presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, le impuso las medidas cautelares de prohibición de salida del país y de enajenar bienes.

Leonardo Amoroso, fiscal provincial, sostuvo que en abril de 2022, Elías Baldor B., aprovechándose de su cargo de alcalde de Camilo Ponce Enríquez, convocó a reuniones públicas a los moradores de la comunidad La Florida del cantón Santa Isabel.

Según Amoroso, el exalcalde habría influenciado e incitado para que los moradores adopten medidas de hecho: obstaculicen la vía pública e impidan la libre circulación vehicular.

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El argumento del entonces Alcalde fue que en esta comunidad existe una concesión minera, que no cuenta con los permisos de uso de suelo ni ha cancelado las tasas correspondientes al municipio de Camilo Ponce Enríquez.

Esto a pesar de que los representantes legales de la compañía presentaron documentación que justifican la legalidad de las actividades mineras. Entre esas, las escrituras públicas de los terrenos donde funciona la concesión minera y que se encuentran ubicados en el cantón Santa Isabel, por lo tanto, fuera de la jurisdicción de Camilo Ponce Enríquez.

Además de esas reuniones, se improvisó en la vía pública un control vehicular. El retén era custodiado por un grupo de personas con el objetivo de impedir la libre circulación de volquetes, que trabajan para varios concesionarios mineros y, además, restringir la libre movilidad de personas y vehículos.

Exalcalde dispuso maquinaria para cerrar vías

De acuerdo a la investigación, por disposición de Elías Baldor B., el 3 de mayo de 2022 –con el empleo de personal y maquinaria municipal– se abrieron varias zanjas de dos a tres metros de ancho. De ese modo, se destruyó la tubería de drenaje de la carretera Pijilí-Santa Teresita-Bella Aurora, ubicada en el cantón Santa Isabel, lo cual impidió el libre tránsito de vehículos y peatones, provocando la paralización de actividades en la zona.

La instrucción fiscal, que tendrá una duración de 90 días, se basa en: versiones del denunciante y de testigos, reconocimiento del lugar de los hechos. También informes técnicos periciales de audio y video y de planimetría forense.

Asimismo, la documentación que acredita la legalización e inscripción de la concesión minera y su transferencia a favor de una compañía, fotografías y links de redes sociales, en los cuales se observan los hechos.