Fiscalización recomienda al Pleno el juicio político contra Freddy Carrión

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó este 8 de septiembre de 2021 el informe que recomienda el enjuiciamiento político de Freddy Carrión, Defensor del Pueblo. El proceso de investigación pasará ahora a decisión del Pleno, que debe resolver si lo censura y destituye.

El informe se aprobó con 6 votos a favor y hubo tres abstenciones, de los legisladores de la bancada correísta UNES.

Carrión está detenido desde mayo pasado, después de ser acusado del presunto delito de abuso sexual por parte de la esposa del exministro de Salud, Mauro Falconí. Ambos fueron hallados en una reunión durante el estado de excepción.

La investigación de Fiscalización concluyó con un informe de más de 200 páginas. Este asegura que Carrión incumplió las "funciones propias de las cuales estaba investido, para ser el representante de velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos de los ciudadanos ecuatorianos".

El informe recomienda también remitir el informe a la Fiscalía, para que realice varias investigaciones. Una, contra el propio Carrión, quien habría otorgado su firma electrónica a sus abogados para cesar a Zaida Rovira. Y otra, en contra de funcionarios del gobierno de Lenín Moreno, especialmente contra la exvicepresidenta María Alejandra Muñoz, por presunto peculado en lo relacionado a las vacunas contra el covid-19.

Esta segunda acusación se da después de que el mismo Freddy Carrión asegurara que Falconí le ofreció acceso a la lista de "vacunados VIP".

El informe también pide a la Fiscalía que agilice la investigación por los USD 47.000 que la Policía halló en el departamento de Falconí. Además, Fiscalización también iniciará un proceso de investigación contra el exministro.

La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, deberá incluir el juicio político en la agenda del Pleno en los próximos días.

Las causales del juicio político

Carrión enfrentará el juicio político por presunto incumplimiento de funciones. El Pleno deberá decidir si lo censura y destituye, con lo que tampoco podría ocupar ningún cargo público en dos años.

La primera causal es el uso de bienes públicos. Al respecto, la investigación de la Comisión concluyó que Carrión usó vehículos de la Defensoría y su seguridad el día de su detención, cuando no estaba en funciones.

En su defensa, el actual Defensor argumentó que la reunión en la casa de Falconí fue oficial. Pero Fiscalización asegura que no hay pruebas de esta aseveración, y que además, de ser el caso, también caería en incumplimiento por haber ingerido alcohol en horas de trabajo.

Otro argumento es la entrega de la firma electrónica de Carrión a sus abogados para cesar a Rovira. Esta acción, confirmada por el Defensor en su comparecencia, incumpliría también normas al delegar el uso de su firma a personas que no son funcionarios públicos.

Los señalamientos por el presunto delito de abuso sexual también configurarían otro incumplimiento, pues "existen elementos que permiten presumir que se habría ejercido violencia y daños contra una persona de sexo femenino". 

Roberto Cuero (UNES) cuestionó el informe, pues no es labor de la Asamblea verificar posibles vulneraciones a los derechos humanos.