Corte Constitucional rechaza 'papa caliente' de los habeas corpus

Sobre el habeas corpus, Saquicela y Murillo solicitan a la Corte Constitucional que "aclare el alcance y se delimite" esta garantía constitucional para eliminar la discrecionalidad que da paso a los abusos.

Sin embargo, Agustín Grijalva, exjuez de la Corte Constitucional, explica que el habeas corpus es uno de los temas que más se ha abordado en la jurisprudencia de la Corte.

El grupo académico de constitucionalistas 'La Corte Dice' ha identificado al menos 13 sentencias que se refieren al habeas corpus desde 2019.

Incluso, menciona Grijalva, hay otras sentencias anteriores, como la sentencia 017-18-SEP-CC, del 10 de enero de 2018, que es la que abrió la posibilidad de que se otorgaran habeas corpus a personas con sentencias ejecutoriadas.

El segundo llamado a la CC es para que revierta el precedente jurídico que impide iniciar procesos por prevaricato frente a decisiones judiciales sobre garantías jurisdiccionales.

Según el abogado Aldrín Gómez, Saquicela y Murillo se refieren a la sentencia 141-18-SEP-CC.

Ese fallo dictó una interpretación del artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este artículo es sobre el prevaricato de jueces y estipula una pena de entre tres y cinco años de cárcel para los magistrados que procedan contra la norma ley expresa.

Pero, en la interpretación de la CC, se aclara que las actuaciones de los jueces, cuando intervienen en resolución de garantías constitucionales (como el habeas corpus), "no son susceptibles de subsumirse en la conducta (...) y no pueden ser procesados y mucho menos sancionados".

Sin embargo, Emilio Suárez, abogado constitucionalista, explica que la Corte no puede revertir de oficio un precedente jurisprudencial o una sentencia. Es decir, no puede dejarlo sin efecto de la noche a la mañana.

Sino que, a futuro, cuando la Corte reciba nuevos casos que se enmarquen dentro de procesos por presunto prevaricato en el caso de jueces que trataron garantías, podría tomar en cuenta el pedido de Saquicela y de Murillo.

Finalmente, el tercer pedido de Saquicela y Murillo es que la Corte Constitucional revise los límites a las potestades disciplinarias del Consejo de la Judicatura. Específicamente, que se le restituya a la Judicatura la facultad de actuar de oficio en casos de negligencia manifiesta.

La solicitud se refiere a la sentencia 3-19-CN/20. El 12 de agosto de 2020, la CC resolvió que la aplicación de esta figura tiene una constitucionalidad condicionada.

Es decir, puede aplicarse solo si antes existe un fallo judicial que haya determinado que el juez actuó con dolo, manifiesta negligencia o que cometió un error inexcusable.

El abogado David Cordero menciona que se están confundiendo las cosas. Ya que, pese a la sentencia de la Corte, la Judicatura mantiene la facultad disciplinaria, pero la negligencia debe ser declarada por un juez y no por un funcionario administrativo.

Además, el constitucionalista Suárez reitera que la Corte Constitucional tampoco puede revertir una sentencia. Y que este caso es, incluso, más complicado, ya que la sentencia en cuestión declaró la constitucionalidad condicionada de un artículo del Código de la Función Judicial.

Lo que significa que si se quiere que la Judicatura tenga esta atribución se debería proponer una reforma legal ante la Asamblea y no enviar un pedido a la Corte Constitucional.