Judicatura revisará actuación de funcionarios que participaron en el caso Yunda

El Pleno del Consejo de la Judicatura se pronunció tres días después de que un fallo de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha dejara sin efecto el proceso de remoción en contra del exalcalde de Quito, Jorge Yunda.

En un comunicado informó que dispuso al Director Provincia del Pichincha del Consejo de la Judicatura en el Ámbito Disciplinario que, en un 48 horas, inicie los sumarios disciplinarios correspondientes en contra de los servidores judiciales relacionados con las "presuntas irregularidades en el sorteo de las causas" presentadas por Jorge Yunda.

El 8 de julio de 2021, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado anunció que la entidad detectó irregularidades en el sorteo de jueces que trataron los casos relacionados con el proceso de remoción del alcalde de Quito, Jorge Yunda.

Ese día, Maldonado dijo que a través de alertas ciudadanas se conocieron posibles irregularidades en esos procesos, a nivel informático. Por ejemplo, se han identificado "ciertas vulneraciones y accesos no autorizados al sistema de sorteos de la Función Judicial".

Es por eso que dispuso la suspensión sin sueldo, de manera provisional, de todos los funcionarios que participaron en los procesos, mientras se realizan las investigaciones a nivel administrativo. Esto incluye a técnicos de ventanilla, secretarios y jueces.

Un pedido a la Corte y evaluación de jueces

El Consejo de la Judicatura también decidió solicitar a la Corte Constitucional dar celeridad a los pedidos de acciones extraordinarias de protección interpuestas en el caso relacionado con el proceso de remoción en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, para que "el Consejo de la Judicatura (CJ) pueda ejercer su potestad disciplinaria y no queden en la impunidad presuntas infracciones gravísimas cometidas por operadores de justicia".

Y resolvió priorizar y ejecutar "de manera inmediata la evaluación de desempeño y productividad de los jueces de las cortes provinciales y tribunales contenciosos del país que debe realizarse cada tres años".

Aunque el CJ aclaró que el Gobierno debe asignar los recursos necesarios para la implementación de estos procesos.

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