Los gobiernos de Costa Rica, Panamá y República Dominicana manifestaron el lunes 6 de marzo de 2023 su respaldo al presidente Guillermo Lasso, frente al proceso de juicio político para su censura que abrió el sábado la Asamblea Nacional.
El apoyo quedó plasmado en un comunicado emitido desde Quito, donde se celebró la sexta cumbre de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), que integran los cuatro países.
En ese documento, los gobiernos de Costa Rica, Panamá y República Dominicana ratificaron su compromiso con la Carta Democrática Interamericana y reiteraron su "firme apoyo" a la democracia en Ecuador y al Gobierno del presidente Guillermo Lasso.
Recordaron que Lasso fue "electo democráticamente según la Constitución y leyes ecuatorianas para el período comprendido entre el 24 de mayo de 2021 al 24 de mayo del 2025".
"Generan preocupación los recientes acontecimientos en esa hermana república tendentes a desestabilizar un gobierno electo por la voluntad popular", señalaron.
"Hacemos un llamado respetuoso y fraternal a los distintos actores sociales y políticos en Ecuador para que se garantice el período constitucional del gobierno y el país pueda continuar el normal desenvolvimiento democrático", concluyeron.
Además de Lasso, en la cumbre de la ADD participaron este lunes los presidentes de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y de República Dominicana, Luis Abinader, además del vicepresidente de Panamá, José Carrizo.
La Asamblea Nacional dio luz verde a iniciar un proceso de juicio político contra Lasso por presuntos delitos contra la seguridad del Estado y omisión en delitos contra la administración pública, tras desvelarse una presunta trama de corrupción en empresas públicas en la que aparece su cuñado, el empresario Danilo Carrera.
También figura otro empresario, Rubén Cherres, una persona cercana al oficialismo del que recientemente se conoció que fue objeto de una investigación policial por presuntos nexos con una red de narcotráfico, según informe de la división antidrogas de la Policía que fue archivado hace más de un año.
Cualquier pedido de juicio político deberá pasar antes la revisión de la Corte Constitucional para evaluar si la solicitud está debidamente fundamentada, tras el informe que recomienda el juicio político, aprobado mayoritariamente con votos del correísmo y del movimiento indigenista Pachakutik, junto a otras fuerzas de oposición.
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