El documento contempla multas de hasta cinco salarios básicos unificados para quienes difundan alertas o información falsa referentes a emergencias o desastres.
El presidente Guillermo Lasso expidió el 17 de octubre de 2023 el decreto ley para la aplicación de la Ley Orgánica de Urgencia Económica de Gestión de Riesgos y Desastres.
El objetivo de esta ley es "reducir el riesgo de desastres y encaminar la gestión pública cuando estos se produzcan inevitablemente, para suprimir o reducir afectaciones y pérdidas, tanto humanas como económicas".
"El incumplimiento de la presente ley, por acción u omisión, que produzcan daños técnicos y monetariamente cuantificables, podrán ser objeto de sanciones pecuniarias", añade el documento. Eso incluye a estamentos del Ejecutivo y gobiernos locales.
La expedición del reglamento llega a 12 días de que la Corte Constitucional emitió el dictamen favorable para la aplicación de esta norma, pese a que los gobiernos locales, como las prefecturas, habían solicitado que se declare su inconstitucionalidad.
Las entidades reguladas por este decreto ley adoptarán medidas de reparación y no repetición en aquellos casos en los que se haya determinado jurisdiccionalmente la responsabilidad frente a la gestión integral del riesgo de desastres, dice el texto.
Entre sus 14 artículos contempla sanciones que van desde trabajo comunitario y multas de entre uno a cinco salarios básicos unificados para las personas que incurran en infracciones graves como la difusión de alertas o información falsa referentes a emergencias o desastres.
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