La nueva ley dispone la implementación de programas y planes de promoción, prevención y protección de la salud mental.
Después de un trámite que tomó más de 10 años en la Asamblea, y que concluyó el 14 de diciembre de 2023 con el allanamiento a las objeciones del Ejecutivo, la Ley de Salud Mental, que aborda problemas como el suicidio, irá al Registro Oficial.
Según la Legislatura, este cuerpo legal promueve, regula y garantiza el pleno ejercicio del derecho a la salud mental de las personas en todo su ciclo de vida, bajo un modelo de atención integral y comunitario.
Con 130 votos a favor, el Pleno resolvió allanarse a las observaciones que, en su tiempo, habían sido formuladas por el entonces presidente Guillermo Lasso.
El Ecuador no tenía una regulación sobre salud mental y la actual administración de la Asamblea la tramitó luego de estar represada por más de diez años, reconoció esta Función.
La Ley está orientada a fomentar las prácticas de vida saludables en cada uno de los ciclos de vida del ser humano, sus familias y la comunidad, a través de programas y planes de promoción, prevención y protección de la salud mental.
Además, pretende garantizar el acceso a servicios de salud y medicamentos para los usuarios que los necesiten, mediante políticas de aseguramiento y cobertura en el sector público y privado.
En este sentido, prevé la coordinación con todas las carteras del Estado, relacionadas con salud mental, el desarrollo de conceptos como derecho de información suficiente, autonomía de la voluntad, consentimiento libre e informado.
También desarrolla el establecimiento de un Plan Nacional de Salud Mental en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados.
Justificaciones para esta ley
La necesidad de esta ley se hizo evidente con la pandemia del Covid-19, cuando en el país aumentaron los casos de ansiedad, ataques de pánico, depresión, tasas de suicidio, consumo de alcohol u otras sustancias y las situaciones de violencia
"Este proyecto reconoce que la salud mental es parte de la salud integral de las personas, desde la prevención, atención y recuperación", subrayó la asambleísta Ana Herrera, ponente del proyecto de ley.
La legisladora mencionó que, aproximadamente, una de cada 8 personas sufre de trastorno mental y que el suicidio es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes en el país.
En el debate, los parlamentarios señalaron que, según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, deben existir 23 especialistas por cada por 10.000 habitantes y en nuestro país existe una brecha de necesidades de cerca de 2.056 psicólogos en primer y segundo nivel de atención y que la ley no solo aborda la protección, sino la sanación y la vida.
A través de este proyecto se crea el marco legal para prevenir la mortalidad, morbilidad, discriminación, discapacidad e institucionalización de las personas con trastornos mentales, con una atención oportuna y preventiva, tratamiento y rehabilitación acorde a la mejor evidencia científica, recuperación e inserción social, familiar, laboral y comunitaria, alineados a los derechos humanos.
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