México: ¿Qué pasará con Ecuador después del escándalo internacional?

Las acciones de los gobiernos de turno influyen en la percepción internacional del Ecuador. Por eso, la irrupción en la Embajada mexicana podría tener impactos indirectos en la confianza de otros países, agencias de cooperación y organismos multilaterales. Inicialmente, esto está reflejado en los comunicados emitidos por los actores internacionales. Los primeros fueron los gobiernos de la región denominados progresistas: Colombia, Venezuela, Chile, Brasil, Bolivia y Cuba. Pero les siguieron también Paraguay, Uruguay, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Perú, Argentina. Todos condenaron la acción del Ejecutivo ecuatoriano y algunos la tacharon de repudiable e inaceptable. Pero nada dijeron de la intención del mexicano Andrés López Obrador de otorgarle asilo al exvicepresidente, que también contravenía directamente la Convención de Caracas. Dicho instrumento internacional, en su artículo 3 establece que: "No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas".

Existe la posibilidad de que determinados gobiernos tomen posiciones más severas frente a Ecuador, por la agresión a la Embajada mexicana. Y decidan tomar acciones explícitas, como interrumpir las relaciones bilaterales. Sin embargo, el único en ir más allá fue el nicaragüense Daniel Ortega, quien se sumó al rompimiento de relaciones decretado por México. Esto, pese a que Ecuador no tiene una embajada en Managua desde 2019 y que sobre los funcionarios del gobierno de Ortega pesan sanciones internacionales por graves violaciones a los derechos humanos.

Dependiendo de los análisis que pueda realizar cada foro internacional, el país podría enfrentar medidas como la solicitada por el Bloque Unión por la Patria del Parlamento del Mercosur (Parlasur), que solicitará la suspensión a Ecuador como estado asociado del Mercado Común del Sur (Mercosur). A esto se suman las peticiones de otros representantes de la región, de reuniones urgentes de los organismos multilaterales, para analizar la crisis diplomática. Entre ellos, la Organización de Estados Americanos (OEA), la debilitada Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) y hasta la agonizante Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Sin embargo, es difícil que lleguen a emitirse sanciones económicas internacionales, como ha sucedido en los casos de los funcionarios de los regímenes de Nicaragua y Venezuela, acusados de violaciones de derechos humanos y políticos.

La canciller mexicana Alicia Bárcena afirmó que llevarán el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), "para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional". La CIJ es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, con sede en La Haya, y se encarga de resolver controversias jurídicas entre los Estados Partes y emitir opiniones consultivas. Sin embargo, este tipo de procedimientos tienen requisitos estrictos y pueden tomar varios años en llegar a un desenlace, en caso de que se acepte el caso. Le pasó a Ecuador cuando demandó a Colombia por la fumigación aérea con glifosato en la frontera compartida. Ese caso arrancó en marzo de 2008 y llegó a su final en septiembre de 2013, sin ninguna sentencia, ya que Ecuador desistió de su demanda por haber alcanzado un acuerdo con Colombia.