Nebot: es el principio del fin de los miembros de la Corte Constitucional

Con "indignación" reaccionó el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, a la decisión de la Corte Constitucional de negar la consulta popular planteada por él y varias organizaciones sociales, el 27 de enero de 2021.

Se trata de una iniciativa presentada en julio de 2020, en la que Nebot y 40 representantes de la sociedad civil presentaron 14 preguntas.

Estas están relacionadas con la corrupción, el impulso al agro, ganadería y pesca, seguridad social, cuidado del medio ambiente y explotación de recursos naturales y gobiernos locales y presupuesto del Estado.

Sin embargo, la mayoría de magistrados (5 de 9) de la Corte presentaron observaciones a las preguntas, por considerar que "no se adecúan a la Constitución, ni cumple con los parámetros de control previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional".

En una entrevista con Radio Centro, la mañana del 1 de febrero, Nebot sostuvo que esos cinco magistrados "vienen votando juntos con una mayoría ideológicamente sesgada".

Agregó que "esos cinco jueces han decidido que no haya consulta", soslayando, según él, los artículos 61 y 95 de la Constitución, "que establecen como esencia de la democracia que el pueblo pueda ser consultado".

El líder socialcristiano cuestionó el hecho de que la decisión de la Corte contenga un pronunciamiento del director de patrocinio de la Procuraduría, Marco Proaño Durán, quien asegura que las 14 preguntas son inconstitucionales.

"Primero, es un metido porque no puede opinar sobre eso. Las preguntas son legales porque no pretenden reformar la Constitución, sino la ley".

Advirtió además con iniciar un juicio político contra el procurador del Estado, Íñigo Salvador, "si respalda a ese subalterno".

Agregó que "si estos señores (los magistrados de la Corte) creen que este es el final del asunto, yo les digo al revés, este es el principio de su fin".

Tras el revés de la propuesta, Nebot aseguró que el bloque socialcristiano planteará una reforma para que la Corte Constitucional responda al control político de la Asamblea Nacional.

La Corte dejó a salvo el derecho de los comparecientes de presentar futuras solicitudes de consulta popular, observando los parámetros desarrollados a lo largo del presente dictamen.