El rastro de un vehículo de alta gama se une a Metástasis y salpica elección del Defensor Público

Cinco meses después de haberse destapado, el caso Metástasis sigue dando noticias. Esta vez, el rastro de un vehículo relacionado con Leandro Norero, Xavier Jordán y Ronny Aleaga -tres de los vinculados a la causa- apunta al primer candidato para ser el nuevo Defensor Público.

Se trata de un Toyota Sequoia negro blindado del año 2013, cuyo recorrido ha estado marcado por nombres cercanos a la trama de corrupción judicial que encabezó 'El Patrón' Norero, el narcotraficante asesinado en la Cárcel de Cotopaxi, en octubre de 2022.

Según documentos a los que accedió PRIMICIAS, este vehículo ha tenido cuatro dueños. La primera fue una mujer identificada como Jannette M. La primera relación con el caso Metástasis se dio en los años en los que el carro estuvo bajo el dominio de esta persona.

En julio de 2017, este vehículo fue citado por circular sin placas de identificación. En el registro de la Comisión de Tránsito de Ecuador (CTE) el infractor fue Xavier Jordán, señalado como administrador de los bienes de Norero y como parte de una estructura de corrupción hospitalaria.

Un año después, en agosto de 2018, el vehículo fue adquirido por la empresa Digao, que se dedica a las actividades deportivas. Su dueño es Federico Zenck, quien es coprocesado con Jordán en el caso de corrupción hospitalaria.

Zenck fue cuñado de Carolina Jaume, quien también ha sido relacionada con Metástasis. Además, Haldo Jarrín, cuñado de Xavier Jordán, fue el Presidente de Digao.

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El blindado para 'El Ruso'

El tercer dueño del Toyota Sequoia fue Kleber Alfredo Z. O. El traspaso se registró en noviembre de 2022. Aunque este cambio se habría fraguado meses antes, según los chats que se encontraron en los teléfonos que Norero manejaba desde prisión.

En julio de 2022, Jordán y Norero conversaban a través de la aplicación Threema. El primero le pedía al segundo un vehículo blindado para que se pudiera transportar 'El Ruso', como identificaban a Ronny Aleaga, quien en esa época era asambleísta por la Revolución Ciudadana y que -según la Fiscalía- era el operador político de Jordán y Norero.

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Norero ofreció un vehículo y pidió a Jordán la cédula de una persona a la que pudieran traspasar el carro antes de entregárselo a Aleaga, para no levantar sospechas. Jordán envió dos cédulas, una de estas era de Kleber Alfredo Z. O. Norero lo eligió, ya que era el mayor, y no era recomendable poner un carro tan grande "a nombre de un pelado".

Kleber Alfredo Z. O. es guayaquileño y tiene 34 años. No ha declarado impuestos. Pero, según los registros públicos de tránsito, ha tenido a su nombre varios vehículos como un Range Rover, un Toyota 4Runner, un Ford Escape, una Chevrolet Luv D-MAX, entre otros.

En 2022, cuando esto ocurría, Fernando Villavicencio, quien era presidente de la Comisión de Fiscalización, había denunciado públicamente que Aleaga estaba moviéndose en ese vehículo. Lo cual se confirma también en los chats.

La figura de Frías Toral

Tras la muerte de Norero, el vehículo tuvo su último movimiento de dominio en junio de 2023. El carro fue registrado a nombre de Daniel Frías Toral, abogado que ahora es el mejor puntuado para llegar a la Defensoría Pública.

Frías respondió que compró este automotor a una casa comercial reconocida en Guayaquil, de la que ha sido cliente durante los últimos 15 años. Incluso, publicó la carta de compra venta por USD 9.150. En sitios de venta de autos, un Toyota Sequoia del 2007 se vende por USD 26.000 y uno de 2023 está avaluado en USD 180.000.

Para Frías Toral es una coincidencia que el carro de Norero, Jordán y Aleaga haya terminado en sus manos.

Frías Toral, quien fue director del Consejo de la Judicatura en Los Ríos -durante la administración de María del Carmen Maldonado-, es el mejor puntuado en el concurso para elegir al nuevo Defensor Público.

Obtuvo 48,5/50 puntos en la calificación de su carpeta y 47,96/50 puntos en las pruebas teórica y práctica del concurso de méritos y oposición que lleva el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

Ahora el concurso está en la etapa de impugnación ciudadana. Frías recibió nueve impugnaciones, aunque solo dos fueron aceptadas a trámite.

Nixon Angulo, uno de los que presentó impugnaciones, lo señala por supuestamente haber recibido puntos por aspectos de su carpeta que no lo merecían, como la experiencia laboral y las obras publicadas. Pero también por una supuesta falta de idoneidad, ya que tiene en marcha investigaciones de la Fiscalía en su contra.

Freddy Hidalgo es el segundo impugnante, quien también señala a Frías Toral por las causas abiertas en su contra. Según el sistema judicial, el abogado tiene dos procesos en su contra por presunta estafa.

La Comisión de Selección del Defensor Público aún debe pronunciarse sobre estas impugnaciones. Luego, el Pleno del CPCCS deberá emitir la resolución de la designación.

Frías Toral y Guillén

El segundo mejor puntuado en la lista de ese concurso es Byron Guillén, exjuez de la Corte Nacional. Guillén ha sido nombrado varias veces en el caso Metástasis. Primero, en los chats su nombre apareció como uno de los jueces que habría ayudado a la red para liberar a Norero y a su familia.

Pero, además, Xavier Muñoz, exvocal del Consejo de la Judicatura, dijo en su testimonio anticipado que Guillén lo ayudó a acercarse al expresidente Rafael Correa.

El entonces juez habría tenido un acuerdo para revertir la sentencia del exmandatario y que pudiese volver al país, a cambio de que se extienda su periodo en la Corte Nacional.

Guillén, además, está postulando para volver a la Corte Nacional de Justicia, junto a otros dos mencionados en la trama de Metástasis.

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Los cuestionamientos sobre Frías Toral y Guillén no terminan ahí. En el concurso para la Defensoría Pública también hay denuncias de presunta corrupción. A inicios de abril, la Fiscalía inició una investigación previa que involucra a los dos.

El nombramiento del nuevo Defensor Público tiene un aditamento especial. La persona que gane la elección tendrá derecho a mocionar una terna de candidatos para que integren el nuevo Consejo de la Judicatura, que estará en funciones entre 2025 y 2029.