El correísmo es el único, por ahora, que defiende la creación de un cuerpo especial de seguridad para las autoridades. En el legislativo está listo el informe para el primer debate de la reforma que eliminará esa estructura de la legislación vigente.
Un trámite que ha tomado más de dos años en la Asamblea. Los primeros proyectos para reformar el Código de entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público se presentaron en junio de 2017. Fue inmediatamente después de la aprobación de la ley.
Entonces ya se hablaba de la necesidad de eliminar el polémico Servicio Especial de Protección Pública, ideado por el expresidente Rafael Correa.
31 meses después, el pleno de la Asamblea prevé iniciar este martes 28 de enero de 2021 el primer debate para reformar el Código y derogar el Libro III en el que constaba esa estructura de seguridad.
Ese Servicio era el último de los intentos hechos a lo largo de la historia ecuatoriana para garantizar la seguridad de los mandatarios:
Las razones para apoyar la supresión del Servicio de Protección se expusieron durante el trámite de la reforma en la Comisión de Soberanía del Legislativo. Por ejemplo:
- "Se trata de una organización no profesional de estructura irregular no sujeta a ninguna ley". "Es inconstitucional e inconveniente", según el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.
- "Rompe la lógica constitucional", dijo el subsecretario de seguridad ciudadana, Diego Tipán.
- "No tiene rango constitucional y sus acciones serían ilegales", aseguró el excomandante de la Policía, Nelson Villegas.
- "La Asamblea no tiene facultad para crear una institución que sería una fuerza paramilitar, parapolicial y que estaría a órdenes del presidente", opinó el legislador Fernando Burbano.
- "Es una guardia armada, lo cual es un peligro para la democracia y los ciudadanos", aseguró el legislador de CREO, Fernando Callejas.
Durante el trámite de las reformas en la Comisión de Soberanía de la Asamblea, solo Doris Soliz, militante del correísmo, defendió la existencia del Servicio Especial de Protección Pública.
Según dijo, no se pretende establecer "guardias civiles armadas", sino que se busca "resolver la necesidad de un cuerpo especializado capacitado para ello". La legisladora sugirió la posibilidad de reformar el Servicio de Protección tomando como referencia la legislación existente en otros países como Estados Unidos e Inglaterra.
Esa opinión, sin embargo, no tuvo acogida en la Comisión. El informe que irá a debate en el pleno fue aprobado con siete votos de legisladores de CREO, Alianza PAIS, Suma, PSC e independientes.
Ellos argumentan que "las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, que incluye la protección presidencial".
Si, en el futuro, esa votación se replica en el Pleno, el Servicio Especial de Protección Pública debería ser eliminado sin problemas.
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