La Comisión de Fiscalización avanza en el juicio político contra el excontralor Pablo Celi. Entre las evidencias que investigan, destacan transferencias desde Legalcont, de Pedro Saona, a un accionista de una firma de abogados que trabaja en el desvanecimiento de responsabilidades de Contraloría.
La Comisión de Fiscalización tuvo un día poco productivo el martes 20 de julio de 2021. Ninguno de los citados para comparecencias dentro del juicio político contra el excontralor Pablo Celi compareció ante los miembros de la mesa legislativa.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, aprovechó para hacer una exposición sobre el caso Las Torres, en el que entre los principales vinculados está Pablo Celi y su hermano, Esteban.
En esta intervención se revelaron nuevos detalles sobre la trama de corrupción, que es una de las causales en el juicio político contra Celi.
Villavicencio aseguró que tuvo acceso al expediente fiscal del caso Las Torres, que establece el esquema de sobornos. Ratificó que la información del proceso judicial es la base para la principal acusación por incumplimiento de funciones contra Celi.
Un buró que trabaja en desvanecer glosas
Legalcont LLC es una empresa con sede en Miami, propiedad del ecuatoriano Pedro Saona, otro de los procesados en el caso Las Torres, prófugo de la justicia. Saona creó la firma en 2019, y tiene una cuenta en el Wells Fargo Bank, de Estados Unidos.
La cuenta de Legalcont LLC recibió al menos dos transferencias que han llamado la atención de la Fiscalía. Una de la empresa China CAMC Engineering, desde su cuenta en el Industrial and Comercial Bank, de China, por USD 1,3 millones.
Y otra desde la cuenta en Estados Unidos de la empresa Monay Industries, de Sebastián Robles, exgerente de procura de la empresa Nolimit. Esta fue por USD 110.000.
Ambas transacciones se hicieron entre mayo y junio de 2019.
Legalcont LLC luego hizo erogaciones, presumiblemente con el dinero que recibió. Uno de los pagos, según reveló Villavicencio, se hizo por USD 147.000 a la empresa Intriago & Carreño Incartesa, una firma de consultoría con sede en Portoviejo, el 12 de julio de 2019.
Sus accionistas son Iván y James Intriago Carreño. James trabaja desde noviembre de 2020 como asistente a abogacía en la Procuraduría General del Estado.
Mientras que Iván es también accionista de otra empresa: el estudio jurídico Ius & Law, una firma de abogados con sede en Quito que, según Villavicencio, trabaja en el desvanecimiento de responsabilidades de la Contraloría.
La agenda del miércoles
La agenda de la Comisión de Fiscalización del 21de julio de 2021 incluye dos comparecencias presenciales, que ya están confirmadas, de:
- Álvaro de Guzmán Pérez, investigado en el caso Las Torres y también en el caso Isspol.
- Valentina Zárate, ex subcontralora encargada.
Y también dos comparecencias telemáticas, ya confirmadas por la SNAI, de:
- Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, detenido en la cárcel de Turi.
- Carlos Pareja Yanuzzelli, exministro de Hidrocarburos, también detenido.
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