El Consejo de Estado de Perú, conformado por los máximos representantes de todos los poderes y organismos autónomos del país, expresó este miércoles su respaldo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Además, le pidió "restablecer el orden público" en el país, convulsionado por una grave crisis política y social.
El Gobierno de Perú declaró el 14 de diciembre de 2022 el estado de emergencia en todo el país por 30 días. Esto implica la suspensión de los derechos de reunión, inviolabilidad del domicilio y libertad de tránsito, entre otros, mientras evalúa la posibilidad de declarar un toque de queda.
"Se ha acordado el estado de emergencia a todo el país, debido a los hechos vandálicos y violentos, toma de carreteras y caminos que requieren de una respuesta contundente y de autoridad", dijo el ministro de Defensa, Alberto Otarola, sobre las protestas que han ocasionado al menos siete muertos.
Mientras tanto, la Fiscalía de Perú pidió 18 meses de prisión preventiva para el expresidente peruano Pedro Castillo, informó a EFE una fuente vinculada a la investigación.
El Ministerio Público investiga al exmandatario por la presunta comisión del delito de rebelión, a raíz del fallido golpe de Estado que motivó su destitución.
El fiscal supremo Uriel Teran, encargado del despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, hizo el pedido.
En el requerimiento fiscal se incluyó al exprimer ministro y asesor jurídico de Castillo, Aníbal Torres. Se presentó luego de que el Poder Judicial autorizó el pedido del Ministerio Público para iniciar investigación preparatoria al exmandatario.
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14/12/2022
11:39
Fuerzas Armadas se despliegan en ArequipaLas Fuerzas Armadas peruanas se desplegaron el miércoles 14 de diciembre para garantizar la seguridad en distintos puntos estratégicos de Arequipa, la segunda ciudad el país, que desde la víspera se encuentra bajo estado de emergencia por las protestas y enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Los militares vigilan puntos como el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón, tomado por manifestantes durante unas horas el lunes 12 de diciembre, además de las instituciones públicas y las principales vías de la ciudad.
Centenares de manifestantes se concentraron en el centro de Arequipa para exigir la renuncia de Boluarte, quien juró el cargo tras la detención del expresidente Pedro Castillo luego de que intentará un fallido de autogolpe de Estado, y el cierre del Congreso.
La medida de seguridad responde al anuncio hecho por el ministro de Defensa, Alberto Otárola, quien adelantó que el Gobierno declarará en emergencia la red vial y las Fuerzas Armadas iban a proteger puntos estratégicos del país, como aeropuertos o centrales hidroeléctricas.
Además, el Consejo de Estado de Perú, conformado por los máximos representantes de todos los poderes y organismos autónomos del país, expresó su respaldo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte y pidió "restablecer el orden público" en el país.
El gobierno de Boluarte decretó el estado de emergencia durante 60 días en el sureño departamento de Arequipa, al igual que en Apurímac e Ica, para "mantener el control del orden interno" ante la escalada de violencia en las protestas.
El ministro de Interior, César Cervantes, aseguró que la Policía Nacional de Perú (PNP) tendrá el apoyo de las Fuerzas Armadas para así recuperar el orden público.
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14/12/2022
8:30
Juez concede 48 horas de detención provisional
El destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, sale detenido en un vehículo policial de la Prefectura de Lima hoy, en Lima, el 7 de diciembre de 2022. EFE
El juez supremo peruano Juan Carlos Checkley ordenó que el expresidente Pedro Castillo se mantenga durante 48 horas más en detención preliminar.
Esto mientras se realiza una audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva durante 18 meses que presentó la Fiscalía contra el exgobernante, que se postergó para la mañana del jueves a pedido de las partes implicadas en el caso.
"Considero razonable y necesario concederles un plazo para que puedan tener todos los elementos" del pedido fiscal, señaló Checkley al inicio de la audiencia de este miércoles, a la que no se presentaron Castillo ni sus abogados defensores.
El magistrado, encargado del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, aprobó durante la noche de este martes la formalización de la investigación preparatoria contra Castillo y su ex primer ministro Torres, por rebelión.
Según la resolución de Checkley, Castillo será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, así como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Torres, en su condición de asesor de la presidencia del Consejo de Ministros al momento de los hechos, será investigado como presunto coautor en los delitos de rebelión y conspiración.
A diferencia de Castillo, Torres está libre y su paradero es desconocido.
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