Además de genocidio, el Ministerio Público indaga a las autoridades del Gobierno por homicidio calificado y lesiones graves, a raíz de los 47 fallecidos y decenas de heridos en las manifestaciones de las últimas semanas.
La Fiscalía de Perú abrió este martes una investigación preliminar a la presidenta Dina Boluarte, tres ministros y dos exministros por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, a raíz de los 47 fallecidos y decenas de heridos en las manifestaciones.
En su cuenta de Twitter, el Ministerio Público informó que la fiscal general, Patricia Benavides, dispuso iniciar la investigación preliminar contra Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez.
También contra Pedro Angulo, expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, exministro del Interior.
La investigación preliminar es por los presuntos delitos cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
Boluarte ya tenía en curso una primera investigación preliminar por los fallecidos registrados en las manifestaciones de diciembre último, a pocos días de asumir el mandato, tras la destitución de Pedro Castillo.
El delito de genocidio es castigado con una pena de cárcel no menor de 20 años por cometer una matanza de miembros de un grupo, lesiones graves a los miembros de un grupo o el sometimiento de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, entre otras circunstancias.
Otárola acudió al Congreso para la confirmación de su investidura. Allí anunció que el Gobierno acordó declarar "duelo nacional laborable" para este miércoles "en respeto a los caídos" en las protestas, que en menos de un mes dejan 47 fallecidos, el último de ellos, un policía de Puno aún sin identificar.
Además, informó que el Consejo de Ministros aprobó un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria (toque de queda) en Puno por tres días desde las 20:00 hasta las 04:00.
Durante su intervención, varios congresistas lo increparon con pancartas de rechazo.
El funcionario lamentó la "pérdida irreparable" de los peruanos fallecidos en las protestas, que desde diciembre pasado suman 39 manifestantes muertos en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, siete por hechos vinculados a las protestas y el policía en Puno.
Otárola acudió al pleno del Congreso para pedir el voto de confianza de su gabinete, un día después de la trágica jornada de violencia en Puno, epicentro de las protestas que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Parlamento, elecciones para 2023 y una nueva constitución.
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