El registro electoral para las elecciones de 2017 y 2018 estuvo "inflado"

La auditoría de la Contraloría confirma las denuncias: en 2017 y 2018 votaron personas 'fallecidas', extranjeras que no tenían cinco años en el país, con sentencia condenatoria y mayores de 100 años cuya condición no se validó.

La conclusión de la Contraloría es lapidaria: el Consejo Nacional Electoral no contó en 2017 ni en 2018 con un Registro Electoral "con información íntegra y confiable".

El análisis posterior de los resultados de las dos votaciones pone cifras a los problemas.

1. Fallecidos

En el Registro Electoral, para las Elecciones Generales se incluyeron:

1.228 ciudadanos que constan como fallecidos. De ellos, 449 registraron una firma o huella dactilar en la mesa. Es decir, votaron.

Para el Referéndum y Consulta Popular 2018,

Constaron 943 personas fallecidas habilitadas para sufragar. De ellas, 471 también constaban en el listado de las elecciones de 2017 y 390 votaron.

2. Presos con sentencia ejecutoriada

El pleno del Consejo Nacional Electoral -en esa fecha presidido por Juan Pablo Pozo- emitió 58 resoluciones para excluir o incluir en el Registro Electoral a personas que tuvieran una sentencia ejecutoriada o que, por el contrario, ya cumplieron su sentencia. Pero,

16 personas no fueron excluidas, de las cuales siete sufragaron.
65 no fueron incluidas.

Para el Referéndum y Consulta Popular 2018, el CNE emitió 104 resoluciones. Pero,

355 personas no fueron excluidas, de la cuales 100 sufragaron.
549 no fueron incluidas.

3. Extranjeros

En las elecciones generales de 2017, se incluyó en el Registro a 24.362 personas extranjeras que no cumplieron con el tiempo de residencia en el Ecuador y 11.348 sufragaron.
Para el Referéndum y Consulta Popular 2018, fueron incluidas 8.006 personas extranjeras. 6.660 sufragaron.

Pero en este caso, también hubo otro factor el CNE permitió que 24 personas extranjeras con antecedentes judiciales y sentencias condenatorias fueron incluidas en el Registro Electoral de 2017, de las cuales 7 sufragaron.

Eso se repitió para la consulta de 2018: 92 extranjeros con antecedentes judiciales y sentencia condenatoria estuvieron registrados, pero solo 41 sufragaron.

El desorden general que se vivió en el organismo electoral en esa época también se reflejó en que el Director Nacional de Registro Electoral, por su cuenta y riesgo, solicitó el ingreso de 471 extranjeras al Registro Electoral, sin tener la aprobación del pleno del CNE.

Por esta gestión, 299 personas fueron incorporadas en el Registro a pesar de no cumplir el tiempo de al menos cinco años de residencia en el país.

4. Mayores de 100 años

En el Registro Electoral para las Elecciones Generales de 2017 se incluyeron 1.860 personas en edades comprendidas entre 101 y 136 años, de las cuales 126 sufragaron.
En el Registro Electoral 2018 se incluyeron 1.906 personas que tenían entre 101 a 137 años, de las cuales 117 sufragaron, sin que para estas personas se haya verificado su condición.

Las conclusiones:

La revisión que la Contraloría hizo al proceso concluyó que:

En las Elecciones Generales y Consulta Popular 2017 se incluyeron en el Registro Electoral y consecuentemente habilitaron para ejercer el derecho al sufragio:

26.101 personas que no cumplieron los requisitos para sufragar, de las cuales 11.811 sufragaron.
Se excluyó a 65 personas privadas de libertad que cumplieron su sentencia
Se incluyó a 1.860 personas en edades comprendidas entre 101 y 136 años, sin validar su condición, previo a su empadronamiento, de las cuales 117 sufragaron.

Mientras que para el proceso electoral Referéndum y Consulta Popular 2018, fueron incluidas en el Registro Electoral:

9.396 personas que no cumplieron los requisitos de las cuales 7.191 sufragaron.
No se incluyó a 549 personas privadas de libertad que ya cumplieron sentencia
No se validó la condición de 1.906 personas en edades comprendidas entre 101 a 137 años, previo a su empadronamiento, de los cuales 300 sufragaron.

Todo eso, dice el informe de la entidad, afectó "a la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información del Registro Electoral".