La audiencia preparatoria de juicio en el denominado caso Jaque, en el que se investiga a una presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), no se pudo reinstalar este 9 de octubre, tal como estaba previsto.

La razón es que los abogados de dos de los procesados, que son investigados desde finales de enero de 2026, no asistieron al llamado de este viernes, que es el primer día de un feriado nacional que se extenderá hasta el 11 de octubre.

La Fiscalía General del Estado informó que ante esta situación, el juez que lleva esta causa volvió a convocar a la parte acusador así como a los acusados para las 08:00 del sábado 10 de octubre para continuar con la diligencia.

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¿Qué se investiga en Jaque?

La Fiscalía General del Estado procesa a 16 personas por el presunto delito de delincuencia organizada. Específicamente, por la emisión irregular de licencias, permisos de operación y otros documentos en la Agencia Nacional de Tránsito. 

La investigación inició en julio de 2025, luego de una denuncia recibida a la línea 1800-Delito, en la que se informó que un grupo de personas —la mayoría funcionarios de la ANT— cobraba entre USD 150 y 250 por trámite para entregar matrículas, licencias o permisos de operación sin obtener turnos.

La madrugada del 30 de enero de 2026 se ejecutó un operativo simultáneo en Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas, en el que se detuvo a 10 personas, a quienes se les formularon cargos.

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En mayo pasado se vinculó a seis personas más quienes, de ser encontradas culpables, podrían enfrentar penas que van de los 22 a 26 años de prisión.

Pedido de la ANT

Previo al inicio de la audiencia preparatoria de juicio, la ANT solicitó al juez José Cornejo, que lleva esta causa, que se le incluya como parte acusadora, pero también como "víctima", con el objetivo de obtener la reparación económica del presunto daño patrimonial ocasionado por la red de corrupción.

En su pedido, la ANT señala que la estructura “habría operado mediante el aprovechamiento indebido de cargos públicos, accesos institucionales, manejo de información administrativa y coordinación con terceros particulares y tramitadores externos”.

Además, que las interceptaciones telefónicas incorporadas a la investigación describen la realización masiva de unos 50 o 60 trámites coordinados entre distintos integrantes de la estructura investigada, entre los que están un director nacional, directores provinciales, jefes de agencias, entre otros.