Reglamento detalla cuándo los uniformados pueden usar sus armas

La firma del decreto 755, con el que se reglamentó la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, se realizó la tarde del 1 de junio de 2023.

El presidente Guillermo Lasso dijo que este reglamento "es un paso importante para mejorar las condiciones de policías y militares, para actuar en defensa de los ciudadanos y proteger las libertades".

Añadió que este instrumento profundiza la ley, que la Asamblea Nacional no tomó en cuenta con su aprobación. Y respalda a las Fuerzas Armadas para que colaboren en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Por ejemplo, explicó Lasso, el reglamento aclara conceptos como la materialización del acto ilícito, la amenaza o peligro inminente.

"Ese absurdo que un policía debe esperar que el delincuente le dispare se terminó", dijo Lasso. Agregó que ahora los instrumentos legales respaldan a los uniformados y guiarán a jueces y fiscales para que no condenen a ningún uniformado y que de ser el caso se puedan defender en libertad y no pierdan su trabajo.

"El uso de la fuerza se aplicará al 1% de la población"

Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública, dijo que el reglamento señala que la Policía, las Fuerzas Armadas y otros agentes del orden deben usar los instrumentos legales para obligar a los delincuentes a presentarse ante la justicia.

Indicó que la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza tiene como objetivo que todos los ciudadanos conozcan cuáles son los mecanismos que tiene el Estado para usar la fuerza de manera progresiva.

El funcionario agregó que el uso progresivo de la fuerza tiene cinco grados, desde la presencia de la autoridad hasta el uso de la fuerza letal, si es que la amenaza así lo obliga.

Y que el reglamento desarrolla conceptos sobre este uso progresivo.

Cómo y en qué momento se puede usar cada grado, quiénes puedan usar armas, cómo serán las investigaciones en los casos en los que se usó la fuerza, la seguridad de los miembros de la fuerza pública que aplicaron la fuerza, entre otros.

Bravo recomendó a la ciudadanía y a las organizaciones de derechos humanos que analicen la ley y el reglamento para que continúe el debate, crezca la convivencia pacífica y disminuyan los índices de violencia que tiene el país.

"Quienes deben estar preocupados por este reglamento son quiénes cometen delitos y quieren vivir por fuera de la ley", dijo Bravo. Añadió que solo el 1% de la población será afectada con la aplicación de esta norma.

Tras la firma del decreto ejecutivo con el reglamento, Bravo dijo que tanto policías como militares y agentes penitenciarios están capacitados sobre el uso de la fuerza y los estándares de derechos humanos.

Y que ante una amenaza deben analizar en segundos cuál es la situación a la que se enfrentan. Por ejemplo, en el robo de delincuencia común, la sola presencia de un uniformado haría que lo dejen de hacer.

Luego viene la verbalización, el uso de armas no letales. Y si la situación amenaza la vida de las autoridades o de una tercera persona, los uniformados quedarán facultados para usar el arma de fuego. Pero "esto no quiere decir que los uniformados vayan por ahí disparando", aclaró Bravo.

Principales puntos

Esta ley se centra en el papel de la Policía, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria. El enfoque principal es cómo estos tres cuerpos pueden hacer uso legítimo de la fuerza cuando lo amerite y dependiendo del caso.

Además, habla específicamente del uso de armas letales de parte de los uniformados, en casos específicos.

El proyecto de ley original fue presentado por César Solórzano, vicepresidente de la Asamblea, cuando Lenín Moreno era presidente. Sin embargo, la Comisión de Seguridad, tomó algunos artículos de las reformas sobre Seguridad Ciudadana, que envió el presidente Lasso como prioritarias, pero que no han sido tratadas aún.

Entre los principales puntos están: