La VII reunión de ministros del área de seguridad de la OEA fue inaugurada en Quito. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, llamó a los países de la región a cooperar. El presidente Lenín Moreno habló de las amenazas a los estados de derecho en el continente.
María Paula Romo, ministra de Gobierno, abrió la VII Reunión de ministros en materia de seguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA). Dio la bienvenida a las autoridades de los 14 países que se dieron cita, este 30 de octubre, en Quito.
En esa cita el secretario General de la OEA, Luis Almagro, elogió reiteradamente al gobierno del presidente Lenín Moreno y su actuación durante las manifestaciones de la primera quincena de octubre. Y dijo que demostró su compromiso con los valores más importantes del Sistema Interamericano.
Sin embargo, también defendió el derecho a la protesta, libertad de expresión y reunión.
Pero aclaró que el asalto, la toma y quema de bienes públicos, saqueos y actos vandálicos que "obedecen y responden a otras dinámicas geopolíticas que definitivamente necesitan ser aisladas, como los grupos violentos, los que impulsaban otros intereses políticos de interrupción de mandatos institucionales, eso no es aceptable en las Américas".
Lo aceptable es reafirmar el derecho a la protesta social, las necesidades de reestructura social que nuestros países tienen, eso es clave.
Luis Almagro, secretario General de la OEA
Asimismo, Almagro advirtió a las autoridades presentes en la cita que deben entender lo que está en juego, los actores involucrados y los intereses que están detrás.
Así como, dijo, tampoco se puede "hacer seguridad" sin la protección de derechos humanos, criminalizando los problemas sociales, pensando solo en el control y la represión del delito, sobrerresponsabilizando a la policía, abarrotando cárceles, sin desarrollo, siendo el continente más desigual de todos, sin el Estado de derecho, sin resolver los problemas estructurales que afectan a indígenas, afros, mujeres y otros grupos discriminados.
El presidente Moreno aceptó que este es un momento difícil para la región. Dijo que las amenazas actuales no son a un gobierno o presidente sino al Estado de derecho.
Muchos de nuestros pueblos han heredado crisis provocadas por regímenes corruptos, que con políticas irresponsables y demagógicas han pretendido influir en la voluntad de nuestros pueblos.
Lenín Moreno, presidente del Ecuador
El Mandatario insistió en la tesis de que durante las manifestaciones en el país hubo infiltrados que buscaron agravar la crisis y desestabilizar al Gobierno. Lamentó que, tal vez, nunca se llegue a saber la verdad absoluta de lo que sucedió en esos días.
Moreno también volvió a llamar al diálogo a todos los actores del país y señaló que la crisis demuestra que cometieron errores y que tendrán que corregirlos.
Romo advirtió que el Gobierno no tiene una visión única de lo que sucedió durante los 11 días de protesta en el país y que saben que se trata de "un conflicto complejo con actores diversos y motivaciones diversas".
E insistió que los grupos violentos, organizados y financiados que han aprovechado los momentos de crisis, para causar convulsión, que no sólo desestabiliza los gobiernos sino las democracias, no tienen cabida en las Américas.
Es indispensable respaldar el papel de nuestras policías (...). En sus manos se encuentra también la gran responsabilidad de comprender la complejidad de la coyuntura y de enfrentarla con el uso legítimo de la fuerza que le corresponde al Estado.
María Paula Romo, ministra de Gobierno
Habló de la importancia de evaluar la coyuntura de los países, aprender los unos de los otros y poder enfrentar las nuevas amenazas de mejor manera.
Por eso llamó a sus pares internacionales a valorar y evaluar las amenazas, para darles una mejor respuesta, conjunta, coordinada, articulada y comunicada. "La región requiere una mayor coordinación operacional e intercambio de información", dijo, así como cooperación en contra de la impunidad.
Romo señaló que los problemas de seguridad y violencia tienen dos aristas diferentes: el crimen organizado, con intereses de acumulación de patrimonio criminal, y otras amenazas a la vida y libertad de los ciudadanos, con formas de violencia estructural.
La primera respuesta está en la seguridad pública, con respuestas públicas al a delincuencia común y a la organizada. Pero, también respuestas en contra de la desigualdad, exclusión social, discriminación, violencia sexista, homofóbica, la pobreza, entre otras.
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