Un juez de Portoviejo dio paso a acción de protección para que municipios y prefecturas no realicen contratación pública con la economía popular y solidaria.
Con un llamado a la Corte Constitucional para que se frene "el abuso del derecho", el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, cuestionó un fallo de un juez de Portoviejo que acogió una acción de protección para impedir las contrataciones públicas de los gobiernos locales con el sector de la economía popular y solidaria.
La resolución judicial, dijo el alcalde, afectará a más de 6.000 empleos.
Muñoz criticó que jueces multicompetentes, en este caso uno de Portoviejo, haya determinado como impertinente que se realicen compras públicas a través de la figura de ferias inclusivas con pequeños y medianos proveedores que entregan determinados productos y servicios a municipios y prefecturas.
El Municipio de Quito en 2023 invirtió más de USD 170 millones a través de compras públicas. Tiene una normativa que exige compras a la economía popular y solidaria entre el 5% y 10% de la totalidad de compras públicas.
"Este fallo termina siendo un grave perjuicio para la economía popular, que no puede conectarse con la compra pública y para las alcaldías y prefecturas. También porque terminará direccionando sus compras a los grandes proveedores", aseguró Muñoz en rueda de prensa.
Cristopher Velasco, gerente de la Cooperativa de servicios e innovación y sostenibilidad SISO, cree que la decisión judicial "dañará los procesos asociativos y la generación de empleo, sobre todo de las jefas de hogar".
Muñoz no dio detalles de la persona que planteó la acción de protección, pero anunció acciones legales. Aunque dijo que deberá acatar la decisión judicial.
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