En un quinto reporte, Contraloría consolidó 68 informes de auditoría. Allí determinó que el Ministerio de Salud incumplió la normativa, regulaciones y procedimientos en la expedición y entrega de los certificados.
La Contraloría General del Estado determinó 282 irregularidades en la entrega de carnés de discapacidad, por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP), entre 2014 y 2020.
En un quinto reporte, el organismo consolidó 68 informes de auditorías sobre el proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y la entrega de los carnés de discapacidad.
Según el reporte de Contraloría, la falencia más recurrente es el incumplimiento de la normativa, regulaciones y procesos.
"Los equipos conformados para la calificación de discapacidades no requirieron informes de especialistas, certificados médicos y la evaluación de trabajo social", señala el documento.
El informe agrega que "la valoración de porcentajes de discapacidad no contó con una evaluación completa, como por ejemplo de factores sociales y complementarios de los pacientes".
Además, se determinó que se emplearon "criterios sin evidencia científica actual" y que no se incluyó un enfoque biopsicosocial y de derechos humanos, afectando la calidad de la evaluación de los pacientes.
"Estos procedimientos restaron sustento técnico y veracidad a las calificaciones otorgadas", añade la Contraloría.
Las auditorías también señalan que no se respetó el debido proceso. En un solo día, se abrió la historia clínica, se evaluó, calificó y se emitió el certificado.
En estos casos, insiste, se evidenció porcentajes sobrevalorados en la calificación de factores sociales y emisión de los carnés de discapacidad con porcentajes de discapacidad que no correspondían a la realidad de los pacientes.
No hay nombres de los servidores que efectuaron las evaluaciones ni las respectivas firmas de responsabilidad. Esto significa que no hubo supervisión ni control en el proceso de emisión.
Tampoco hay documentos físicos y digitales de respaldo que justifiquen los porcentajes o el tipo de discapacidad acreditada a varios pacientes.
El documento añade que los calificadores no estaban acreditados.
En julio de 2020, el MSP detectó la emisión de 3.000 carnés de discapacidad de forma ilegal. Entre los beneficiados constan exasambleístas y figuras como Daniel Salcedo, sentenciado por una trama de corrupción en hospitales públicos durante la pandemia.
Según las investigaciones, Salcedo tenía un carné de discapacidad auditiva del 41%.
Desde ese entonces, las entidades de control se activaron para determinar responsables. Hasta el momento, no existe ningún sentenciado por estas irregularidades.
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