La Fiscalía mexicana reconoce solo tres migrantes fallecidos tras el ataque armado en Sonora, pero organizaciones civiles aseguran que la cuencana Karina Ortega también murió.
Al menos cuatro migrantes, entre ellos dos ecuatorianos, murieron en un ataque armado en el estado mexicano de Sonora (norte, fronterizo con Estados Unidos), un hecho que ni la Fiscalía o el Gobierno de México ha esclarecido.
Entre las víctimas ecuatorianas consta un niño de apenas cuatro años y que pretendía cruzar junto a sus padres la frontera mexicana con Estados Unidos.
Pero también hay un segundo migrante fallecido originario de Ecuador. Se trata de la cuencana Karina Ortega, cuyos familiares han confirmado su muerte a la organización 1800 Migrante, pese a que la Fiscalía mexicana no la contabiliza en el balance de fallecidos.
Además, según relata la ONG, habría otras mujeres ecuatorianas heridas en el atentado armado en Sonora, perpetrado por bandas contrarias en una carretera.
¿Quién era Karina Ortega? La joven de 29 años nació en Cuenca y vivía en el sector de Totoracocha, y al momento del ataque viajaba con su esposo e hijo, de nueve años.
Ambos estarían bajo custodia de las autoridades mexicanas, pero se desconoce su estado de salud.
Por ahora, los familiares de Ortega piden ayuda a la Cancillería ecuatoriana para lograr repatriar el cuerpo de la joven, quien trabajaba en un local comercial.
Las otras dos víctimas del atentado armado son mujeres, una migrante peruana y otra hondureña.
Además de los fallecidos, otros tres migrantes que resultaron lesionados permanecen internados en hospitales de la región, en tanto que tres heridos más "eran las personas que iban conduciendo" a los viajeros, indicó el fiscal mexicano a cargo de las investigaciones del hecho.
Con más de 3.000 km de frontera con Estados Unidos, México es país de tránsito para cientos de miles de migrantes, entre ellos hay miles de ecuatorianos, que huyen de la violencia o la pobreza en sus países.
Muchos de ellos son víctimas recurrentes de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas, el secuestro y la extorsión.
A finales de diciembre, 26 venezolanos y seis hondureños fueron secuestrados en el estado de Tamaulipas (noreste) con el propósito de extorsionar a sus familiares, aunque fueron liberados cuatro días después.
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