Las personas que incumplen el toque de queda son detenidas y deben ser procesadas bajo el COIP, que establece penas de hasta 3 años.
Los operativos que realizan las autoridades para comprobar el cumplimiento de las restricciones por el estado de excepción, que rige desde las 20:00 del 23 de abril, han provocado un incremento en las detenciones.
Policía Nacional y Fuerzas Armadas aplican controles, retenes, hacen inspecciones, en las que, amparados en la ley, pueden detener a las personas que irrespetan el toque de queda.
El delito que se les imputa es el de "incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente", contemplado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, el que fija una pena de 1 a 3 años.
Hasta la fecha, 659 personas enfrentan cargos por este delito. Un proceso de esta naturaleza, en primera instancia, puede durar de 6 a 8 meses, en caso de que no se registren apelaciones o nulidades.
Aunque el costo procesal depende del abogado penalista que se contrate, la tarifa puede llegar a USD 8.000.
Eso, en el caso de las personas que incumplen con el toque de queda y salen a la vía pública entre 20:00 y 05:00 del día siguiente, o los fines de semana.
Pero hay otros infractores que son encontrados en operativos y controles de tránsito, como personas con orden de captura, que hagan escándalo en la vía pública o cometan violencia doméstica. Para cada caso existe una pena prevista en la ley.
"Los jueces deben estudiar caso por caso y determinar si amerita su detención o van a su casa con medidas cautelares, depende de la falta", dijo una fuente de la Fiscalía.
"Sea que van a casa o quedan detenidos, se arma un cuello de botella", añadió.
La Corte Constitucional, al evaluar el decreto por el cual el presidente Lenín Moreno dispuso el estado de excepción, que regirá hasta el 20 de mayo, señaló que "toda sanción debe garantizar el debido proceso, que las sanciones a aplicar deben estar contempladas en la ley".
"En casos de flagrancia se respetarán los procedimientos legales correspondientes y que no se puede imponer sanciones, como disponer realizar ejercicios o propinar cualquier tipo de maltrato a pretexto de quebrantar alguna medida del estado de excepción", añadió la Corte Constitucional.
Ley para gestionar la pandemia
El 22 de abril, el Gobierno Nacional presentó a la Asamblea un proyecto de ley que busca regular, por fuera de los decretos de estados de excepción, las medidas necesarias para enfrentar la crisis sanitaria.
El proyecto de ley busca regular, fuera del estado de excepción, las restricciones y medidas adoptadas para enfrentar la pandemia por coronavirus, contiene 24 artículos, dos disposiciones generales y dos reformatorias.
"Esa es la importancia de este proyecto, que propone hacer trabajo comunitario en lugar de ir detenido", dijo un miembro del COE Nacional.
"La idea no es llenar la cárceles, por eso la alternativa del trabajo comunitario", añadió.
En algunas ciudades, los alcaldes emitieron ordenanzas, que se aplican en su jurisdicción, en las que se dispone que los detenidos hagan trabajo comunitario, como barrer parques o dar mantenimiento a espacios públicos.
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