Cuerpos extraviados en la pandemia eran de barrios populares

En Guayaquil los fallecidos por la pandemia de Covid-19 aún no descansan. Tampoco sus familiares. Solo el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) registra 76 cuerpos de muertos extraviados en Guayaquil.

La mayoría de cuerpos se perdieron entre marzo y abril, meses correspondientes al pico de la pandemia de Covid-19 y de brotes paralelos de dengue y de zika, cuando la ciudad sufrió hasta 600 fallecidos en un día.

El CDH ha tomando contacto con 368 personas que reportan un familiar perdido en la emergencia sanitaria. Así consta en un informe preliminar. El reporte final será entregado en agosto.

Por ello, Billy Navarrete, secretario ejecutivo del CDH, dice que el número de cadáveres extraviados podría ser mucho mayor. "Esto es solo una parte de la realidad dolorosa que seguimos viviendo", agrega.

Según el informe del organismo, los familiares de los fallecidos conviven con tres momentos psicológicos que no los dejan superar la tragedia:

• Dudas por familiar enterrado: hay personas que tuvieron la "suerte", dice Navarrete y cuyo familiar fue enterrado, pero no estuvieron presentes. "Ellos sospechan de que ese cuerpo sepultado no corresponde al de su pariente", señala. 
• Incertidumbre por el paradero de fallecidos:  hay personas como Eva Quiroz que dos veces buscó a su hermano en morgues móviles del Hospital del Guasmo Sur. Aún no lo encuentra.
• Remordimiento familiar: hay un tercer grupo de personas que están negación. "No quieren saber el paradero de sus familiares porque se culpan entre ellos por llamar a las autoridades para que los recojan", indica Navarrete. 

Ofensa a derechos humanos 

"Me pidieron huellas dactilares y luego pasaron con el antropólogo, él me pidió santo y seña y ni aún así pudieron identificarla", cuenta Greta Encalada. El cuerpo de su hermana, fallecida en la pandemia, sigue extraviado.

El testimonio de Encalada ha servido para que el Comité de los Derechos Humanos en Guayaquil reconstruyera los casos de negligencia en el manejo de cadáveres.

Según Navarrete, lo ocurrido en Guayaquil es un claro atentado a la dignidad de las personas, invocada en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

“La Comisión observa que estas situaciones impactan en las condiciones para la preservación de la memoria y el homenaje a las personas fallecidas", señala el informe del Comité.

Por otra parte, también es un atentado contra la integridad personal física y psíquica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 1/2020 sobre la pandemia.

En ella dice que los Estados están obligados a "respetar y garantizar los derechos humanos sin discriminación".

Amparado en esta resolución, un grupo de familias ya ganó una acción de protección en Guayas, que sentencia al Estado a pedir disculpas públicas. Lo que aún no se cumple.

En la acción judicial, el juez también dispone que el Gobierno agote todos los recursos para encontrar los cuerpos extraviados. Esto incluye hacer uso de huellas dactilares, entrevistas con antropólogos y, finalmente, pruebas de ADN.

El proceso se sigue con 216 cuerpos que reposan en la morgue de Criminalística de la Policía, al norte de Guayaquil. Un total de 35 cadáveres ya fueron entregados a los familiares, como informó PRIMICIAS. Pero restan más de 180 por identificar.

Los pobres son los más afectados 

Víctor Orellana es otra de las personas que no encuentra a su ser querido. En este caso se trata de su madre, quien fue internada en el hospital del Guasmo.

"Agentes del Departamento de Medicina Legal llegaron en un carro y uno de ellos me dijo: ustedes saben que después de esto nunca más volverán a ver el cuerpo de su madre", narra Orellana.

Los agentes de Medicina Legal tenían razón. Han transcurrido casi cuatro meses desde la muerte de la madre y su hijo sigue sin poder sepultarla.

Este hombre de escasos recursos forma parte de las estadísticas del CDH. El organismo indica que el 97% de quienes no encuentran a sus familiares proviene de hogares de escasos recursos.

También son personas que habitan en barrios considerados como populares, como el Guasmo Sur, la Isla Trinitaria, Mapasingue, Monte Sinaí, Sauces y Socio Vivienda I y II.

"La gente pobre llamaba a la Policía para que retiraran el cadáver de sus casas o sus familiares morían en un hospital público".

Billy Navarrete, secretario del Comité Permanente de Derechos Humanos.

Mientras que las personas con recursos económicos pagaban a un médico particular para que emitiera el certificado de defunción. Y enterraban a sus muertos en cementerios, a través de las gestiones de las funerarias privadas.

"Yo pagué USD 150 a un médico internista, que vino a la casa e hizo el trámite con la funeraria", narra Lorena Fernández, cuyo padre murió de Covid-19 en abril.

Hospitales y cementerios

Otro hallazgo del Comité, que lidera Navarrete, es que la mayoría de cuerpos se extravió en las tres morgues móviles del hospital del Guasmo, al sur de la ciudad.

En este hospital confluyeron los cuerpos recuperados en domicilios por agentes del Departamento de Medicina Legal, y los fallecidos derivados de hospitales del sistema de salud pública.

Fue sobre este hospital donde Jorge Wated, encargado de la Fuerza de Tarea, presentó una denuncia en la Fiscalía para que se investigara la "existencia de una supuesta red de personas que solicitaban dinero a los familiares de los difuntos" para entregarles los cuerpos.

La red pedía hasta USD 400 para sacar el cadáver de un contenedor.

Desde el hospital del Guasmo, los cadáveres iban hasta el cementerio en Pascuales, perteneciente al Municipio de Guayaquil.

Hasta este campo santo, Navarrete y el Comité han tratado de ingresar para verificar si los fallecidos fueron sepultados en fosas comunes o tumbas individuales.

"No dejan entrar a nadie porque está acordonado hasta por militares. Hay una ausencia terrible de información sobre lo ocurrido allí", concluye Navarrete.