Decenas de familias de las víctimas de femicidio en Ecuador se han unido para impulsar una reforma legal que impida a los femicidas obtener beneficios y reducciones de pena mientras cumplen sus sentencias. Siente que la justicia y la reparación no llegan.
El jueves 2 de marzo de 2023, la cuencana Sonia Salamea y una delegación de madres de las víctimas de femicidio de diferentes provincias del país mantuvieron una reunión con el presidente Guillermo Lasso.
En esa cita, los familiares expusieron al Presidente sus argumentos para sostener que “la reparación integral a las víctimas, de la que tanto se habla, no existe", cuenta Salamea a PRIMICIAS.
Que era urgente impulsar una reforma legal que impida a los femicidas obtener beneficios penitenciarios, reducción de penas y salidas anticipadas de la cárcel.
Irónicamente, y para dar mayor sustento a sus afirmaciones y temores, ese mismo día Carlos Flores -quien asesinó a su hija Cristina Palacios en marzo de 2017- salió libre por decisión de la jueza de Montecristi, Gina Zambrano.
Es como que la tranquilidad no llega a las familias de las víctimas de femicidio, aunque los años pasen y hayan logrado que los autores de los crímenes sean sentenciados.
Flores y otro sentenciado por femicidio, Luis Cordero, pudieron salir por una medida cautelar que emitió la jueza Zambrano, pese a que los dos se encontraban en la cárcel de Azogues.
“Después de haber luchado tanto para conseguir una sentencia, de meses de plantones, de gastos, sin vivir el duelo como se debe, nos sentimos burladas”, repite Salamea.
Esto está lejos de ser la primera alerta de que la justicia no llega y que la reparación a las víctimas es un tema lejano. Los femicidas buscan recursos legales para salir de la cárcel o piden el traslado de los lugares donde deben cumplir la sentencia.
“Después de haber luchado tanto para conseguir una sentencia, de meses de plantones, de gastos, sin vivir el duelo como se debe, nos sentimos burladas”.
Sonia Salamea, madre de víctima de femicidio
En enero de 2023, la familia de Cristina Palacios pidió al Consejo de la Judicatura que el femicida cumpla la pena establecida, de 34 años y ocho meses y sin beneficios.
Salamea había advertido que Carlos Flores buscaba salir de la cárcel con recursos legales. Incluso, logró el traslado de la cárcel de Cuenca; a la de Azogues (Cañar), que es de mínima seguridad.
Pero las advertencias no fueron suficientes. Desde el 3 de marzo, Carlos Flores está prófugo tras la actuación de una jueza que hoy es investigada.
La frustración se extiende
Esa experiencia deja una sensación de frustración que se extiende hacia las demás familias, reflexiona Edmundo León, padre de Gabriela León, quien fue asesinada el 20 de agosto de 2020 en Cuenca.
León también ha pasado un largo proceso en la búsqueda de justicia tras el asesinato de su hija. Una de sus mayores incertidumbres es no saber en qué cárcel y en qué condiciones cumple sentencia el femicida.
"Cuando estaba en Turi, puso un recurso de hábeas corpus para que lo trasladen a Azogues y nos enteramos una hora antes. Logramos impedirlo, pero ahora no sabemos con exactitud en dónde está", detalla León.
La legisladora Sofía Sánchez, integrante de la Subcomisión de Femicidios, que se conformó en octubre de 2022 en la Asamblea Nacional, dijo que estos casos muestran las falencias que hay en las diferentes instituciones que deben actuar en estos delitos.
"No hay un enfoque de género en el tratamiento de los femicidios, no hay capacitación al personal de la Dinased y de la Fiscalía, no hay procesos disciplinarios a jueces que actúan mal", aseguró la asambleísta.
Sánchez también cuestiona el accionar del Servicio Nacional de Atención a las Personas Privada de la Libertad (SNAI). "Ellos dan los informes médicos favorables que permiten la liberación de los presos con medidas cautelares".
Familias se agrupan para buscar reparación
Estas experiencias han llevado a que las familias de las víctimas de femicidio de todo el país se agrupen y trabajen juntas en la búsqueda de justicia. Han tocado puertas en la Asamblea Nacional, de varios ministerios y en la Presidencia de la República.
Las familias buscan una reforma legal para que los femicidas cumplan sus sentencias sin derecho a recursos como el hábeas corpus, así como evitar la rebaja de penas o los traslados de los centros carcelarios.
La asambleísta Sofía Sánchez informó que esa propuesta ha sido acogida para incluirla en un proyecto de Ley de reparación integral a las familias de las víctimas de femicidio, que se tratará en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, el 8 de marzo de 2023.
Pero mientras la Asamblea trata la propuesta, la Red de Familias Víctimas de Femicidio avanza con sus acciones enfocadas en brindar acompañamiento a quienes pasan por esta situación.
“En todo el país hay muchas familias que todavía piden justicia y reparación, pero no la consiguen. Por eso tratamos de unirnos para hacer una sola fuerza”, detalla Sonia Salamea, quien lidera la Red.
El jueves 9 de marzo, las familias presentarán la fundación Favife, que tiene tres objetivos: dar apoyo fraterno a quienes viven un femicidio; brindar acompañamiento para saber cómo actuar en estos casos y gestionar una casa de atención.
Ecuador cerró 2022 con 332 femicidios, la cifra más alta desde 2014, cuando se tipificó el delito del asesinato a una mujer por razones de género.
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