El Municipio de Cuenca busca la salida menos conflictiva para dar de baja el polémico contrato de radares con la empresa Movil Technology. Por ahora, las partes irán a una mediación.
El pleito entre el Municipio de Cuenca y el consorcio Movil Technology por los radares instalados en la ciudad llegará al centro de mediación de la Procuraduría del Estado. En agosto de 2023 se cumplirá el primer acercamiento entre las partes.
La principal oferta de campaña del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, fue retirar los radares que funcionan desde febrero de este año. Ofreció hacerlo en un plazo de ocho a 10 semanas desde el día que asumió el cargo, el 14 de mayo.
Ese plazo ya venció, pero cumplir la promesa no resultó tan fácil. Si no hay un acuerdo entre las partes, el pleito puede derivar en una demanda millonaria contra el Municipio de Cuenca, según lo establece el contrato.
“El alcalde cumplirá lo que ofreció”, aseguró el concejal Gustavo Valencia, presidente de la Comisión de Movilidad, quien detalló que la Municipalidad tiene dos alternativas para terminar el contrato.
Terminación unilateral
El 22 de junio, el directorio de la Empresa Municipal de Movilidad de Cuenca (EMOV) autorizó a su gerente que inicie el proceso para terminar de forma unilateral el contrato con Movil Technology.
Con ese anuncio, el alcalde Cristian Zamora ofreció apagar los radares “en pocas semanas”. Pero, hasta el viernes 28 de julio, un mes después, el Municipio de Cuenca no ha emitido ninguna notificación, aseguró a PRIMICIAS Juan Carlos Salazar, abogado del consorcio.
La terminación unilateral del contrato era la primera opción del Municipio de Cuenca para poner fin a los radares. Si eso ocurre, el consorcio podría iniciar un proceso de arbitraje.
Para ello, la Empresa de Movilidad considerará las presuntas irregularidades encontradas en el proceso de contratación del consorcio. Por ejemplo, la falta de experiencia específica, según informe de Contraloría.
Acuerdo para liquidación
Pero ahora el Municipio de Cuenca maneja otra alternativa, que busca una salida menos conflictiva: lograr un acuerdo con el consorcio para liquidar el contrato.
La EMOV contrató un perito calificado por el Consejo de la Judicatura para que defina el monto que se debería cancelar al consorcio por la terminación del contrato, con base en la inversión que ha realizado hasta la fecha.
Pero ese es el único monto que el alcalde Zamora está dispuesto a pagar. “No van a existir pagos por costo de oportunidad, tasas de retorno de interés, daños y perjuicios o temas similares”, aseguró.
Según el contrato, el monto total que Movil Technology debía invertir en un periodo de 12 años es USD 7 millones. Hasta abril pasado, había destinado poco más de USD 2 millones.
El Municipio está dispuesto a cancelar solo el monto que el perito defina. Si el consorcio no acepta ese valor, no habrá acuerdo y se aplicará la terminación unilateral del contrato.
El abogado Juan Carlos Salazar aseguró que el centro de mediación será el espacio en el que traten las propuestas del Municipio y otras posibilidades. Insistió en que "el consorcio está abierto al diálogo".
¿Qué pasará con los radares?
Actualmente, hay 42 radares instalados en Cuenca. Los primeros 10, ubicados en la vía Cuenca-Azogues y en la vía Medio Ejido, funcionan y multan el exceso de velocidad.
Los otros 32 dispositivos de fotomultas están en toda la ciudad y su objetivo es que registren otras infracciones: giros indebidos y no respetar el paso cebra. Pero esos equipos están apagados.
Con la liquidación, el Municipio pretende quedarse con los 42 dispositivos. Pero el contrato establece que los radares y todo el sistema de monitoreo y control de multas pasarían al Municipio cuando terminen los 12 años de vigencia que tiene el contrato.
El alcalde Zamora mantiene la postura de "educación antes que sanción". Aseguró que los radares no multarán en Cuenca y pretende usar los dispositivos como parte de la estrategia de educación vial.
La idea es que los radares sigan encendidos, pero registren 'multas secas', es decir, que marquen la velocidad, pero no sancionen. Eso también permitirá llevar un monitoreo de las infracciones.
Si un conductor supera el exceso de velocidad de forma reiterada sí será notificado, pero no deberá pagar la multa. Se le pedirá que ejecute acciones de labor comunitaria, según Zamora.
La Empresa de Movilidad también implementará otros mecanismos de control en las vías donde existen mayores índices de siniestralidad por exceso de velocidad.
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