En Azuay han ocurrido de 250 a 300 deslizamientos este año y hay 35 puntos críticos. En Santa Isabel se requiere una intervención urgente, que cuesta al menos USD 2.5 millones.
Dos semanas de lluvias en Azuay dejan vías bloqueadas, casas y puentes destruidos, cultivos perdidos y casi 80 familias fuera de sus hogares por el riesgo de nuevos deslizamientos.
Los cantones más afectados en marzo y abril de 2023 son Girón y Santa Isabel. En toda la provincia, el gobierno provincial ha detectado de 250 a 300 deslizamientos de distinta magnitud y 35 puntos críticos, dos están activos.
Si bien el Gobierno ha dado respuesta con bonos para las familias damnificadas y asistencia humanitaria, las obras de mitigación y la recuperación de la infraestructura perdida quedan bajo la responsabilidad de los gobiernos locales.
Cecilia Méndez, prefecta del Azuay, sostiene que las obras de mitigación que se requieren son costosas y que los recursos del gobierno provincial no alcanzan para atender todas las emergencias que se han suscitado y las que aún pueden ocurrir.
El presupuesto de la Prefectura del Azuay es de aproximadamente USD 40 millones, pero existen serios problemas financieros.
Además, en algunos cantones todavía hay obras pendientes de los daños de los inviernos anteriores. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en Santa Isabel.
Problemas en Santa Isabel
"En los últimos tres años, hemos tenido inviernos muy fuertes", explica Ernesto Guerrero, alcalde de ese cantón.
Las lluvias destruyeron dos puentes que conectan a varias comunidades en Santa Isabel, enel 2001. El año siguiente, el río Chantaco arrasó con viviendas y un tramo de la carretera en La Unión.
En 2023, el peligro está en la comunidad La Cría, en donde existe un alto riesgo de grandes deslizamientos.
Solo en Santa Isabel se requieren al menos USD 12 millones para mitigar los efectos de las lluvias desde 2021. Pero, según su alcalde, los recursos de la Municipalidad no son suficientes para solventar todas las necesidades.
El Municipio recibió USD 2 millones del Gobierno para reparar los daños de la creciente del río Chantaco. Pero los recursos llegaron ocho meses después, asegura el alcalde.
La construcción del puente sobre el río Rircay, que volvió a tener problemas este año, también está pendiente. Para esa obra se necesitan unos USD 7 millones, que el Municipio y la Prefectura aseguran no tener.
La Cría, en alerta naranja
La situación más urgente en la actualidad está en la comunidad La Cría. La Secretaría de Riegos declaró la alerta naranja en este sector, debido a que hay una alta probabilidad de deslizamientos que podrían dejar graves daños.
Además de afectar viviendas y los terrenos de la comunidad, hay el riesgo de que un gran deslizamiento tapone el río León, que es afluente del río Jubones. Este abastece a la central hidroeléctrica Minas-San Francisco, ubicada a 20 kilómetros de La Cría.
"No tenemos recursos para afrontar esta situación", advierte la prefecta del Azuay. La institución estima que se requieren USD 2.5 millones para las obras de mitigación.
Ese monto incluye las siguientes acciones:
- Rehabilitación de las quebradas y drenaje de las aguas lluvias
- Tecnificación del riego
- Reforestación
- Estudios para la implementación y construcción de biodigestores y la correcta conducción de aguas servidas
El cantón Girón también tiene varios puntos críticos. Un gran deslizamiento se activó el jueves 6 de abril en la comunidad Zapata. Hay 28 familias en riesgo, que ya evacuaron.
En este cantón, las lluvias también provocaron la destrucción de tuberías, vías de tercer orden y otras infraestructuras, que obligan al Municipio a usar recursos de emergencia.
Azuay busca recursos
Ante esas necesidades, la prefecta del Azuay propone un cambio en la Ley 047, que fija rentas a favor de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por la venta de energía de las centrales hidroeléctricas.
Esta ley fue reformada en enero de 2023. La normativa establece en qué porcentajes se dividirán los diferentes niveles de gobierno los recursos por las regalías de producción eléctrica.
Méndez propone que ese dinero sea destinado totalmente, en el caso del Azuay, para la contención de los movimientos de masas. La prefecta llevó su propuesta a la Asamblea Nacional y también espera que el presidente la considere para vetar la Ley.
La respuesta del Gobierno
Milton Benítez, coordinador regional de la Secretaría de Riesgos, explica que ante cualquier amenaza, la primera respuesta la deben dar los municipios. "Yo, como Gestión de Riesgos, les pido los estudios para empezar las obras de mitigación".
Benítez asegura que si los municipios tienen los estudios, se puede gestionar con la Presidencia la entrega de recursos. Eso ocurrió el año anterior con el cantón Nabón, en donde hubo un macrodeslizamiento.
Benítez recuerda que el Gobierno ha ofrecido gestionar USD 200 millones para atender los efectos del terremoto y el invierno en todo el país, al que cataloga como el peor de los últimos 15 años.
Hasta que existan soluciones definitivas, el gobernador del Azuay, Matías Abad, se comprometió a "desplegar todo el contingente del Ejecutivo" para atender las emergencias.
Los Ministerios de Inclusión Económica y Social y de Vivienda levantan la información de las familias afectadas para activar los bonos de contingencia, arriendo y de vivienda.
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