Caso Fortunario: dos jueces de Pichincha tenían USD 26.400 en sus oficinas
Entre los indicios encontrados en las oficinas allanadas de dos jueces de la Corte Provincial de Pichincha, había dinero en efectivo y letras de cambio.
Allanamiento a las oficinas de dos jueces de la Corte Provincial de Pichincha, el 3 de mayo de 2023.
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El caso empezó hace un poco más de un año. La Fiscalía investigaba a tres personas y a la empresa Fortunario Activos Digitales S.A. por el presunto delito de captación ilegal de dinero.
Pero el pasado sábado 29 de abril, la institución informó que -con el voto de mayoría de los jueces Fabián Fabara y Lady Ávila- la Sala Especializada de la Corte de Justicia de Pichincha declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso.
Esto implicó la devolución de USD 7,6 millones que estaban inmovilizados durante la etapa de investigación previa.
Tras la nulidad del caso, la Fiscalía informó sobre el allanamiento de las oficinas de dos jueces de la Corte Provincial de Pichincha, la tarde del 3 de mayo de 2023.
"Se investiga un presunto delito de prevaricato", dijo la Fiscalía en su mensaje de Twitter.
Durante el allanamiento, se revisaron documentos y equipos electrónicos. Y este jueves, se informó que entre las evidencias había USD 26.400 en efectivo, y letras de cambio por USD 50.000.
El caso
La supuesta estafa de Fortunario se conoció, por primera vez, el 31 de marzo de 2022, como lo contó PRIMICIAS. La Superintendencia de Compañías emitió un comunicado informando que Fortunario Activos Digitales no estaba autorizada para operar en el mercado de valores ecuatoriano.
Dos días después, la Fiscalía General hizo cinco allanamientos en oficinas y domicilios relacionados con la empresa.
Los agentes decomisaron computadoras, dinero en efectivo, una caja fuerte y celulares.
La misma noche del 2 de abril de 2022, se realizó una audiencia de medida cautelar especial solicitada por la Fiscalía. El juez asignado al caso resolvió inmovilizar las cuentas de Fortunario Activos Digitales, de USD 7 millones.
Según la teoría de la Fiscalía, las tres personas implicadas habrían captado dinero ilegalmente utilizando compañías que ofertaban servicios irregulares de inversión en plataformas financieras.
Entre los servicios ofertados estaban movimientos en bolsas de valores, con acciones o con criptomonedas. Los procesados ofrecían un rendimiento del 17% al 21% mensual.
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