El Salvador y su plan para minar bitcoins con la energía de los volcanes

La nación más pequeña de Centroamérica, El Salvador, se convirtió en la primera economía del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal.

Esto ocurrió tras la aprobación de la propuesta del presidente Nayib Bukele por parte del Parlamento.

El mandatario, de 39 años, dijo en su cuenta de Twitter que "la #LeyBitcoin es ambiciosa, pero sencilla, además está bien estructurada para que tenga riesgo cero".

Según Bukele, el Gobierno garantizará la convertibilidad al valor exacto en dólares al momento de cada transacción.

Además, propuso realizar la minería de datos que requiere el bitcoin con la energía de los volcanes salvadoreños: 14 activos y seis bajo vigilancia de un total de 170.

Pero la aprobación de ley, que entrará en vigor en 90 días, ha puesto en vilo las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Monedas con energía limpia

Bukele pidió a la empresa estatal de energía geotérmica que prepare un plan para que en el país se pueda minar bitcoins.

¿Cómo lo hará? Bukele dijo que se usará la energía de los volcanes. Según el Mandatario se crearán instalaciones para el proceso de minado del bitcoin.

Será "energía muy barata, 100% limpia y renovable, cero emisiones de nuestros volcanes", añadió Bukele.

Y es que para minar los bitcoins se requieren equipos de computación muy potentes, que utilizan a su vez grandes cantidades de energía.

Bajo la lupa del FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió a El Salvador que adoptar el bitcoin como moneda de curso legal puede implicar "significativos riesgos".

"Adoptar el bitcoin como moneda genera una serie de cuestiones macroeconómicas, financieras y legales que requieren un análisis muy cuidadoso", señaló Gerry Rice, portavoz del FMI.

Rice recalcó que "el uso criptomonedas puede suponer significativos riesgos", por lo que sugirió que debería haber "medidas efectivas de regulación".

Actualmente, un equipo del FMI negocia con las autoridades salvadoreñas la aprobación de un programa de asistencia por USD 1.300 millones por la crisis económica derivada por la pandemia de Covid-19.